Con las firmas de los camaristas María González y Alejandro Subera, la sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, aceptó habilitar la feria, considerando que “frente a las particularidades del caso” la causa debe tramitar el pedido de suspensión por inconstitucionalidad.
Desde el Centro de Despachantes de Aduana de la República Argentina remarcaron que «corren riesgo los puestos de trabajo de más de cuarenta mil familias que dependen de la actividad nacional del comercio exterior que regulan los despachantes». Además, enfatizaron la poca capacidad de control que va a existir, a partir de ahora, sobre los actores, la falta de información de los mismos, la no validación de idoneidad y el posible descontrol sobre las operaciones.
