La medida de deportar a los ciudadanos nicaragüenses se llevó a cabo a través de una resolución de la Corte Suprema de Justicia, quien ordenó la pérdida de su nacionalidad y el decomiso de todos sus bienes por parte del Gobierno.
Los religiosos encarcelados por el régimen de Daniel Ortega, además de privados de la libertad, estaban sin acceso a la Biblia y sometidos a «torturas y tratos degradantes».
Los religiosos denunciaron espionaje y palizas en medio de represión en el país centroamericano.
El gobierno nicaragüense puso fin a las relaciones con la Santa Sede, luego de que el papa Francisco calificara a la administración del presidente Daniel Ortega como una dictadura «grosera» y «hitleriana».
El mandatario nicaragüense además volvió a tildar de «asesinos» y «golpistas» a los obispos y sacerdotes que apoyaron las protestas opositoras que sacudieron el país en 2018.
