Los abogados de la vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, habían presentado un recurso contra la decisión del 16 de febrero último, en la cual se confirmó de manera parcial el procesamiento a cuatro acusados como coautores de "incitación a la violencia colectiva".
"Con miras a salvaguardar el correcto ejercicio del derecho de defensa en juicio, es que corresponde ampliar el plazo que prevé el art. 463 del Código Procesal Penal de la Nación", sostiene el escrito del Tribunal Oral Federal (TOF).
Por su parte, la senadora Giménez manifestó en el homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo: "Necesitamos una democracia sin proscripciones; donde la justicia social sea una realidad".
El diputado nacional y ex funcionario nacional Daniel Gollán explicó a la prensa que hay que dimensionar la gravedad institucional en el que la justicia sumió al país y a su pueblo, convalidando privilegios a los poderosos y persiguiendo a figuras políticas.
Los abogados de la vicepresidenta pidieron que se investigue una “posible responsabilidad penal” de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, ya que se trató de la “fuerza con más presencia en el lugar donde se planeó y ejecutó el atentado”.
La aclaración surgió en torno a un pedido por parte de la agrupación "La Cámpora" para rechazar la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner durante la marcha por la Memoria, Verdad y Justicia.
Los abogados José Ubeira y Marcos Aldazabal plantearon esta nueva presentación ante el juez de la Cámara Federal porteña, Leopoldo Bruglia, apoyados en que la magistrada "cobra un sueldo de una institución ejecutiva" asociada al ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D'Alessandro (actualmente de licencia tras la difusión de chats con Silvio Robles -estrecho colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti-).
La vicepresidenta recibió en su despacho del Senado a la mandataria de Honduras, con quien estuvo reunida por más de una hora. Tras el encuentro, publicó un video en sus redes sociales en donde destacó el rol de Latinoamérica ante el golpe de estado que ese país sufrió en 2009.
La ampliación de la indagatoria a Nicolás Gabriel Carrizo -generada a raíz de que se encontraron nuevos mensajes en los que el acusado se atribuye haber planificado el ataque contra la vicepresidenta- se postergó para el martes 31 de enero.
Acuerdo con el FMI, intento de homicidio y condena a la vicepresidenta, pujas ente el Congreso y la Corte por el Consejo de la Magistratura, pago de deuda por coparticipación a Santa Fe, alta inflación y congelamiento de precios son algunas de las postales que dejó el 2022 en materia política y económica.
La expresidenta brindó un discurso centrado en críticas a los jueces por la condena en su contra y el fallo de la Corte Suprema contra el Gobierno nacional por los fondos coparticipables destinados a la ciudad de Buenos Aires.
Los apoderados de la actual titular del Senado, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, también insistirán en que uno de los acusados procesado como partícipe secundario, Gabriel Carrizo, debe ser considerado coautor del intento de asesinato.