El hermetismo en torno a esta causa es total y se explica por la enorme preocupación que hay en la Policía y en la Justicia por quién es Montoya: la mujer es la madre de Fernando Albareda, hijo del subcomisario Ricardo Fermín Albareda, torturado y presuntamente asesinado en la dictadura, aún hoy desaparecido.
A finales de marzo, Lucas Erbes, director nacional de Derechos Humanos, informó que diez de los trece trabajadores del área estaban despedidos y que el Gobierno iba a derogar las resoluciones que habían creado.
Lo hizo al confirmar las condenas impuestas a 19 represores por crímenes cometidos en perjuicio de 105 víctimas en los centros clandestinos de detención (CCD) «La Escuelita», el Batallón de Comunicaciones 181, Unidad Penitenciaria N° 4, Delegación de Viedma de la Policía Federal, Unidad Penitenciaria N° 9 y «la Escuelita» de Neuquén.
Comenzó un juicio tan esperado como necesario, si bien no existe nadie con vida para ser condenado, la verdad histórica busca imponerse después de casi un siglo. “El fin último sigue siendo el mismo que venimos reclamando, la definitiva reparación histórica para los pueblos indígenas”, le dijo a Conclusión Sergio López, presidente de la Fundación Napalpí.
La iniciativa también busca sanciones para quienes nieguen la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y la existencia de epidemias o pandemias que pongan en riesgo la salud pública.
