Si bien la cerealera indicó que los trabajadores cobrarán el 100% de sus sueldos durante los próximos seis meses, aseguraron que la medida se debe a la falta de soja por la sequía y a la demora judicial en homologar la propuesta de Vicentin para salir del concurso de acreedores.
El juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, dio lugar al pedido de la compañía cerealera en contra de los planteos de la AFIP-DGA. También ordenó al Estado hacerse cargo la erogación de los costos del procedimiento.
El director de la entidad financiera, Claudio Lozano, aseguró que la propuesta de la cerealera implica “una quita del 82%” del capital y denunció que la empresa “llevaba adelante una maniobra de vaciamiento a través de su sede en Uruguay”.
El Banco Nación pidió que se investigue una posible “connivencia” entre Vicentin y la empresa KPGM, para dilucidad si esta última incurrió en un delito al firmar el balance 2018 de la cerealera, el cual presentaba “graves deficiencias” en su elaboración.
El siniestro ocurrió alrededor de las 7.30. El silo, que había sido reparado dos meses atrás y estaba lleno a tope de maíz, se desplomó sobre una cabina lindera, donde había dos trabajadores que quedaron enterrados bajo el cereal. Uno de ellos pudo ser sacado rápidamente, pero el segundo quedó atorado por más de tres horas.
La medida, que paraliza los principales puertos del país (especialmente en Rosario y el cordón industrial santafesino), ya superó las 72 horas, pero la negociación lleva semanas. Trabajadores aducen falta de respuestas y las cámaras empresarias se quejan por las pérdidas.
La firma opera plantas a fasón en Vicentin, y es clave para que la cerealera siga en funcionamiento en medio de su concurso de acreedores, dijeron fuentes cercanas al sector exportador.
El estudio también advierte que hay indicios del envío del dinero a “guaridas fiscales” como en Bahamas, Islas Vírgenes y Estados Unidos.
Las entidades financieras reclaman acreencias por alrededor de U$S 500 millones en el concurso preventivo de la cerealera y quieren saber si la empresa presentó “información financiera falsa para obtener créditos por cientos de millones de dólares”.
El Grupo Vicentin se desprendió de uno de sus activos a manos del fondo de inversión BAF Capital, en una operación cuestionada. Claudio Lozano afirmó que la familia dueña de la cerealera, orquestó un plan sistemático para estafar y defraudar al Estado.
La medida "tiene por objetivo, primordialmente, la inmovilización de los bienes inmuebles y/o muebles registrables" de esa firma y la "prohibición de innovar la composición accionaria" sin ser notificada a las autoridades correspondientes.
La titular de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe dijo que los actuales administradores “no están en condiciones” de continuar su tarea.