El representante del Ministerio Público Fiscal se lo requirió al juez federal interino Martín Bava, luego de que la semana pasada la Cámara Federal de Casación Penal resolviera que el caso que tiene como protagonista al falso abogado Marcelo D'Alessio pase a lo tribunales federales porteños.
Para la doctora Valeria Carreras, el ritmo de la investigación se mueve a través del poder que está desplegando el ex presidente Mauricio Macri.
Así lo señalaron en un comunicado las abogadas de la querella mayoritaria que lleva la causa de espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan. Valeria Carreras y Lorena Arias, fundamentaron su postura para impugnar las afirmaciones de la defensa de Mauricio Macri.
La letrada solicitó estar presentes en la audiencia del 12 de noviembre donde se trate la recusación del juez de Dolores Martín Bava, dado que “sino no va a haber voz que pueda hacer la contraparte de lo que dice el abogado" del ex presidente.
La letrada Valeria Carreras, que representa a los familiares de los tripulantes fallecidos en el ARA San Juan, señaló que la marcha que impulsa el PRO tiene como objetivo amedrentar al magistrado rodeando su juzgado.
La declaración del abogado como testigo está prevista para las 11, fue solicitada por las hijas Dalma y Gianinna Maradona y, si bien ellas lo venían acusando y pedían investigarlo, la estrategia es que declare en esta causa y poder vincularlo en otra donde se apunta a la defraudación por el uso de la marca Maradona, que tiene más posibilidades de prosperar.
El expresidente debía presentarse el miércoles pasado a declarar en la investigación por el espionaje ilegal a los familiares de los marinos del ARA San Juan, pero no lo hizo, por lo que el juez federal de Dolores Martin Bava resolvió convocarlo para el 28 de octubre a las 12 del mediodía.
Se trata de materiales recolectados por la delegación local de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas y que aportaban datos sobre la investigación hacia Agustín Feced, exjefe policial de la ciudad en tiempos del terrorismo de Estado.
Se trata de Mirta Guerrero, quien en 2019 fue condenada a seis años de prisión en el marco de a causa “Pibes Villeros”. Días atrás, organismos de Derechos Humanos se reunieron con representantes de la Justicia para pedir que se respeten las garantías constitucionales de las militantes detenidas.
La causa había sido cerrada en 2019 por el fiscal regional Patricio Serjal quien, a entender de la Justicia, tomó la decisión para beneficiar a la empresa. Sin embargo, este martes la investigación fue reabierta ya que se sospecha que la petroquímica contaminó el ambiente con gas de cloro.
La querella unificada de la causa que investiga el hundimiento del submarino ARA San Juan, que motivó la muerte de 44 personas, celebró el "pleno avance" de las actuaciones, y destacó que el ministro de Defensa, Jorge Taiana, desclasificó la información requerida por la justicia.
"Resulta cuestionable que en un ilícito de estas características en que intervienen necesariamente dos partes, se sobresea a una de ellas mientras se procesa a la otra", sostuvo la UIF en su planteo.