La decisión del tribunal tomó en cuenta dos cuestiones: el vencimiento de la última prórroga de la prisión preventiva dispuesta el 15 de septiembre de 2022 y el agravamiento del estado de salud del detenido.
Se trata de presuntos pagos por parte de empresarios vinculados a la obra pública, Enrique Pescarmona y Franciso Valenti, surgidos de las anotaciones del exchofer Oscar Centeno.
Centeno formuló el pedido a principios de mayo, a través de su defensor oficial, Sergio Steizel, pero el tribunal aún no resolvió si hará lugar o rechazará el planteo.
«Resulta cuestionable que en un ilícito de estas características en que intervienen necesariamente dos partes, se sobresea a una de ellas mientras se procesa a la otra», sostuvo la UIF en su planteo.
La ex mandataria presentó un documento ante el juez federal Claudio Bonadio en el cual no se opuso a que la causa avance al proceso oral y público.
