Los cuatro dictámenes acusatorios, uno por cada juez, fueron firmados por los 16 diputados del Frente de Todos integrantes de la comisión y tienen una vigencia de 1 año para ser llevado al Recinto, donde se necesitan dos tercios para poder designar a una comisión acusadora.
El FdT puso a consideración 69 sentencias en las que intervino Rosenkrantz y “favoreció a exclientes”, pero JxC planteó que esa condición “no basta para provocar recusación ni excusación”. También evaluaron los pedidos de honorarios por parte del funcionario judicial.
En la jornada de este martes declaró la jueza federal Martina Forns, mientras que atestiguó nuevamente el exadministrador de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Marchi, quien había cuestionado al magistrado Juan Carlos Maqueda, de quien dependía la obra social, y planteó que “no había presupuesto ni un sistema informático para poder hacer los controles”.
El organismo parlamentario comenzó a deliberar poco después de las 13 para avanzar en la investigación sobre irregularidades en la obra social del Poder Judicial, como parte del juicio político que se sigue a la Corte Suprema
