Entre calles militarizadas, un búnker que se reconstruye en silencio y una compungida multitud, familiares y amigos del niño de 12 años recordaron su vida en medio de un barrio que no cambió nada.
Consideraron que va a significar "la desocupación de miles de trabajadores" y es "una medida inconsulta de ajuste".
Los sacerdotes manifestaron que bajar el presupuesto de la FISU sería volver para atrás. No podemos tolerar semejante retroceso que genera mayor exclusión y, por lo tanto, inseguridad y desintegración social.
A través de un decreto, el Gobierno de Javier Milei redujo de 9% a 0,3% el porcentaje de recaudación del Impuesto PAÍS destinado al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Estos fondos financiaban el acceso a servicios de agua, cloaca, veredas y anexiones seguras de electricidad, entre otros.
En esta oportunidad Gisela Gentile y Alejandro Maidana dialogaron con Luciano Vigoni, junto a quién integra el Frente Amplio por la Soberanía, se debatió sobre la preocupante realidad social que atraviesan las juventudes de nuestra ciudad.
En las 119 villas de Rosario, el 92% está enganchado a la luz, mientras que nueve de cada diez no tienen cloacas en sus casas.
Los manifestantes cortaron el tránsito de Avenida Uriburu al 1900 en protesta de los recortes en los presupuestos para los envíos de mercadería a los comedores, y acusaron a las firmas involucradas de “lucrar con la plata de los pobres”.
El relevamiento del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, realizado en los barrios populares, reveló un incremento del 27% en el último trimestre y un 97% comparado de forma interanual. Los alimentos básicos registraron aumentos promedio del 117%.
El proyecto que declara la emergencia sociourbana, sanitaria y ambiental en esos territorios obtuvo el respaldo del oficialismo y de la oposición.
Organizaciones sociales participaron este jueves de una movilización frente al Congreso, para exigir que el Senado apruebe la reforma de la ley 27.453 para evitar desalojos en asentamientos y barrios populares y para garantizar obras de urbanización en estos territorios.
En la sesión de este miércoles, la Cámara Baja dio media sanción al proyecto de ley que suspende por diez años los desalojos, y que promueve el acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los conglomerados incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
La iniciativa del Poder Ejecutivo comenzó a discutirse la semana pasada y propone ampliar la norma sancionada en 2018 para declarar de utilidad pública a 1.176 nuevos barrios.