Si su apelación es rechazada, podría enfrentarse a una pena de hasta 175 años de cárcel, una situación que ha generado preocupación internacional sobre las implicancias para la libertad de prensa.
El jurista español integrará un tribunal especialmente conformado para analizar y revisar los procesos que se siguen contra ex presidentes latinoamericanos.
Se trata de la plataforma cívica Actúa, que integra junto destacadas personalidades de la izquierda española, lo que le permitiría presentarse a las próximas elecciones regionales y municipales de 2019.
