La ONG acusó directamente a Argentina por la aplicación de una estrategia energética que depende excesivamente de los combustibles fósiles, al tiempo que se siguen emitiendo permisos de exploración de petróleo y gas.
Para las autoridades los activistas fueron condenados por «desobediencia, manifestación no autorizada y ultraje a los efectivos de las fuerzas públicas».
El atentado se produce pocos días después de que el gobierno anunciara la intensificación en la ofensiva contra Abu Sayyaf después de que al menos 15 personas murieran en enfrentamientos.
Amnistía Internacional denunció las consecuencias de la represión de manifestantes durante el fin de semana. La región de Oromia, en el suroeste del país, fue la más castigada.
