En el mismo procedimiento fue asesinado, por otro efectivo policial, Rafael Venialgo Acosta, un trabajador que ante el temor de sufrir un robo tomó un machete para defenderse y recibió un disparo en la cara. El condenado introdujo datos falsos en el acta de procedimiento para encubrir el accionar homicida.
Tras la denuncia de las víctimas, cuatro efectivos de la fuerza federal fueron aprehendidos en una entrega controlada de dinero. Además fue secuestrado un auto oficial de la Gendarmería en el que concurrieron a recoger el dinero de la extorsión.
Lo acusaron de exigirle 100.000 pesos a su víctima a cambio de beneficiarlo en las causas que pudiera tener y haber irrumpido varias veces en el domicilio del mismo con el fin de intimidarlo y lograr el pago.
Lo resolvió el juez Sergio Carraro a pedido de la fiscal Gabriela Arri. Los imputados son investigados por tentativa de robo calificado, allanamiento ilegal, tenencia ilegal de arma de fuego y falsificación de documento público.
