Los materiales controlados destruidos fueron decomisados en procedimientos de investigación penal provenientes de diversas instituciones de los poderes judiciales de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, San Juan, Tucumán y Buenos Aires, La Pampa y recepciones de individuales entregadas en el marco del proceso de regularización de usuarios.
Los materiales fueron secuestrados en el marco de investigaciones penales que se tramitan en toda la provincia y distribuidos al Banco Nacional de Materiales Controlados (BANMaC).
La destrucción masiva llevada adelante se enmarca en el proceso de recuperación de esta política pública, que en los últimos dos años permitió destruir 40 mil armas y revertir la parálisis propiciada por el Gobierno anterior: durante 2018 y 2019 no se destruyó ni siquiera un arma.
