La compañía anunció que el 20 de mayo, 10 custodios que realizan vigilancia en el muelle que tiene en Timbúes serán despedidos. Desde el gremio denuncian que se pretende cambiar trabajo genuino por “trabajo en negro y precario”.
Se estima que hay más de 150 barcos a la espera de poder embarcar granos y subproductos por unos 1.800 millones de dólares. Los gremios ven una intención de las grandes firmas exportadoras de presionar por una devaluación y desde las cámaras patronales señalan que “hacen política”.
Una fuerte presión sobre la Casa Blanca intenta que se quite un subsidio que favorece la importación de biodiesel argentino, que ronda los 1.200 millones de dólares anuales.
