Nuevamente acusaron a Shakira de evadir al fisco
Es la segunda ocasión que las autoridades hacendarias españolas acusaron a la cantante colombiana.
Fiscales españoles acusaron a la estrella del pop Shakira de no haber pagado impuestos por valor de 6,7 millones de euros (7,1 millones de dólares) en relación con sus ingresos de 2018, informaron este martes las autoridades. La cantante ya fue notificada de los cargos en Miami, donde vive, de acuerdo con el comunicado.
Shakira recurrió a una compañía basada en un paraíso fiscal para evadir impuestos, señalaron los fiscales de Barcelona en un comunicado. Asimismo, ya tiene un juicio pendiente en esa ciudad, programado para iniciar el 20 de noviembre, en un caso separado que se basa en el sitio en el que vivió entre 2012 y 2014. En ese caso, los funcionarios judiciales alegan que no pagó impuestos por valor de 14,5 millones de euros (15,4 millones de dólares).
Además, afirmaron que la cantante pasó más de la mitad del periodo de 2012 a 2014 en España y por lo tanto debió de haber pagado impuestos en la nación europea, aunque su residencia oficial estaba en las Bahamas. Tras revisar la evidencia recopilada en los últimos dos meses, los fiscales decidieron presentar cargos. De momento no se ha fijado una fecha para el juicio.
En julio, la firma señaló que la artista siempre había “actuado siempre conforme a la ley y bajo el consejo de los mejores expertos fiscalistas”.
Shakira, cuyo nombre completo es Shakira Isabel Mebarak Ripoll, ha estado vinculada a España desde que empezó a salir con el futbolista ya retirado Gerard Piqué. La pareja, que tiene dos hijos, vivió en Barcelona hasta el año pasado, cuando pusieron fin a su relación de 11 años.
Durante la última década, las autoridades hacendarias españolas han tomado medidas enérgicas contra astros del fútbol como el argentino Lionel Messi o el portugués Cristiano Ronaldo por no pagar todos los impuestos que les corresponden. Esos jugadores fueron declarados culpables de evasión fiscal, pero no fueron enviados a prisión gracias a una provisión que permite al juez no imponer sentencias de menos de dos años de duración a quienes son delincuentes primerizos.