Desde el 30 de diciembre de 2004 cuando el incendio de Cromañon se cobró la vida de 194 personas, la Legislatura bonaerense fue escenario de acalorados debates que definieron la suerte de encumbrados políticos, la asignación de subsidios, el homenaje a las víctimas y hasta intentos nunca concretados para la expropiación del edificio de Mitre al 3000.
El 2019 se inició con malas nuevas para los sobrevivientes y familiares: a fines de febrero denunciaron que el dueño del local donde funcionaba el boliche, el condenado Rafael Levy, había retomado el control del predio y comenzaba a hacer modificaciones.
Así, en febrero y marzo, se presentaron dos proyectos para proteger el sitio como un espacio de memoria, a través de una «patrimonialización» o gracias a la simple expropiación, pero las iniciativas no consiguieron siquiera ser discutidas en comisiones.
Sin embargo, la Legislatura porteño sí dio este año su visto bueno a la construcción de un monumento en memoria de los fallecidos que había sido ordenada por un fallo judicial.
Haciendo historia, la contención a víctimas y familiares alcanzó forma definitiva con la ley de «Reparación Integral» aprobada en noviembre de 2013 en la que se incluía la «atención en salud mental, los controles neumonólogicos, los tratamientos de oncología» y la «preferencia para cubrir vacantes laborales en el sector público».
«La ley fue reglamentada rápido para la parte del subsidio pero fue muy lenta y muy mala en la parte de salud y especialmente de empleo. Como tenía un plazo de cinco años, a fines de 2018 se actualizaron los montos con una nueva ley que tiene 3 años de duración», comentó Belkys Contino, una de las sobrevivientes en diálogo con Télam.
Con el correr de los años también se votaron homenajes de todo tipo, como la imposición del nombre «30 de diciembre» a la estación Once de la línea H de subte o la creación del «Bosque Víctimas de Cromañón» con la plantación de 194 árboles en el Parque 3 de Febrero.
Pero la historia legislativa respecto del local de Mitre 3060 comienza antes de la tragedia: en septiembre de 2001 se había presentado un pedido de informes -que nunca fue sancionado- en el que se solicitaba al Ejecutivo que diera cuenta de la presencia de menores de edad en el lugar que por ese entonces llevaba el nombre de «El Reventón».
Aunque el boliche cambió de la cumbia al rock en abril de 2004, esa práctica que habían alertado los diputados Silvia Gotero y Víctor Santa María continuó y el 30 de diciembre de 2004 fueron más de 50 los fallecidos menores de 18 años, una nómina que incluye una niña de 10 meses y una decena de chicos de menos de 10 años.
Aquel 2005 comenzó con luto y con sesiones extraordinarias en las que el Ejecutivo porteño brindaba informes sobre la responsabilidad de funcionarios, habilitaciones del local y el operativo montado para socorrer a las víctimas.
También llegaron a la Legislatura los primeros proyectos pidiendo la expropiación del edificio, tema que nunca llegó a ser debatido en el recinto por diversas razones que van desde el embargo judicial que pesó sobre el inmueble durante los procesos penales hasta la falta de acuerdos políticos.
El 24 de febrero de ese 2005 los diputados de la Ciudad sancionaron la creación de una comisión investigadora para indagar sobre «la responsabilidad» que les pudiera haber cabido «a autoridades, funcionarios y empleados» del gobierno porteño.
Son recordados de aquellos días los cruces discursivos entre Anibal Ibarra y el legislador Milcíades Peña, quién había perdido un sobrino en la tragedia y encabezó la comisión productora de un informe de 20 mil fojas, a la postre central en el posterior juicio político contra el jefe de Gobierno.
Es que si existe una marca indeleble que une al palacio de la calle Perú y el boliche de la calle Mitre es el proceso sustanciado contra Ibarra, que formalmente se inició el 14 de noviembre de 2006 cuando la sala acusadora dio vista bueno al trámite con 30 votos a favor, 7 en contra y 6 abstenciones
Fue recién en marzo de 2007, en el marco de jornadas que estuvieron cargadas de tensión, cuando se consiguió el veredicto condenatorio gracias al voto de cuatro diputados de PRO, dos del ARI, dos de izquierda, una radical disidente y un kirchnerista.
Sin embargo, Ibarra no fue inhibido para la función pública y fue electo legislador en 2007.
Frente a una de las puertas del palacio legislativo, sobre el piso y abollada, resiste al olvido y a la indiferencia de los transeúntes una pequeña placa de bronce que resume aquellos días: «Por la lucha y con la ley fue destituido Aníbal Ibarra, principal responsable político de la masacre de Cromañon, 194 pibes presentes».
Ámbito judicial
Aún está pendiente la revisión de la condena a un inspector y las demandas civiles de los familiares.
La Cámara Nacional de Casación Penal aún tiene pendiente de revisión la condena a cuatro años y cuatro meses de prisión que se le impuso en 2016 a un inspector del Gobierno porteño por haber cobrado coimas para la habilitación irregular del boliche Cromañón.
Se trata de Roberto Calderini (57), quien en el último juicio por la causa fue hallado autor de los delitos de «falsedad ideológica de instrumento público en concurso ideal con cohecho» y fue inhabilitado por el término de 10 años para desempeñar cargos públicos, según resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 porteño.
El imputado llegó al juicio en libertad y continuó en esa condición porque la condena aún no fue revisada por la sala III.
En el juicio, se acreditó que en abril de 1997, el inspector denegó la habilitación del local y meses después, en junio, en idénticas circunstancias, la aprobó pese a que no se había realizado ninguna reforma.
Por eso, se dio por probado que Calderini recibió dinero para la habilitación, ya que no era amigo ni conocía a nadie de la sociedad Lagartos –que explotaba Cromañón en esa época– y tampoco había otro motivo para hacerlo.
Durante los alegatos, el fiscal Fabián Céliz había pedido seis años de cárcel para Calderini y José Iglesias, único querellante por las víctimas en este juicio, nueve años, pero finalmente se le aplicó una pena menor.
Por otra parte, también están pendientes de resolución las acciones civiles iniciadas por los familiares de las víctimas contra el Estado Nacional, el Gobierno porteño y los imputados, que llevan casi 15 años de trámite en la Justicia y todavía ninguno cobró, según explicó Iglesias.
El letrado indicó que aunque hay fallos favorables tanto en primera como en segunda instancia, se siguen discutiendo los montos de las indemnizaciones, que no se ajustan por inflación.
Incluso, los familiares de las víctimas fueron citados para realizarse estudios psiquiátricos cuya finalidad no se comprende, y los tiempos se siguen dilatando.
La desidia estatal y la postergación del accionar en los diferentes poderes, hace que sobrevivientes y familiares de víctimas padezcan una revictimización constante ante la falta de respuestas satisfactorias a sus reclamos. A 15 años de la masacre de Cromañón, la causa ha sido abrazada por distintos colectivos que exigen al unisono justicia.
