Los presidentes de River Plate y Vélez Sarsfield, Rodolfo D’Onofrio y Sergio Rapisarda, quedaron formalmente imputados por el exceso de público en los partidos del último fin de semana por delitos que contemplan penas de prisión de hasta dos años.

Ambos fueron responsabilizados como máximas autoridades de sus respectivas comisiones directivas, pero el avance de la investigación podría extender las acusaciones a otros integrantes, especialmente a quienes tenían responsabilidad directa en la organización de los partidos que sus equipos disputaron en calidad de locales.

Así lo confirmó el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, tras los allanamientos al Estadio Monumental dispuestos en la víspera por la fiscal a cargo de eventos deportivos del Ministerio Público Fiscal porteño, Celsa Ramírez.

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La fiscalía a cargo de Ramírez había imputado a las comisiones directivas de ambos clubes por haber permitido que ingresaran a los respectivos estadios más concurrentes que los que habían sido autorizados mediante una disposición especial del gobierno que permitió el regreso de los simpatizantes a las canchas.

Pero ayer el fiscal general Mahiques explicó que, además del artículo 205 del Código Penal (que reprime la violación de normas dispuestas para controlar una pandemia), los directivos de ambos clubes pudieron haber infringido el artículo 239 de esa misma ley, que castiga a quien desobedeciere o se resistiera a una indicación de un funcionario público.

«No hubo incumplimiento del aforo, cumplimos todos los protocolos correspondientes y presentaremos todas las pruebas en la Justicia. Nos tomó de sorpresa todo esto porque fuimos muy prolijos», se defendió Rapisarda en declaraciones a Doble Amarilla.

Y agregó que «el público habilitado era de 16.300» y que esa cifra «no se alcanzó» ya que «todos los socios y abonados a palcos tenían un código QR y se los chequeaba en cada uno de los accesos», explicó el mandatario del Fortín.

Las figuras que pesan sobre ambos dirigentes son las mismas que se vienen aplicando en todos los casos de infracciones a la normativa dispuesta a través de decretos de necesidad y urgencia (DNU) desde el inicio de la pandemia en todos los fueros judiciales del país, de hecho son los mismos que investigan al presidente Alberto Fernández y todos los asistentes a la celebración del cumpleaños de su pareja Fabiola Yáñez.