Mientras el proyecto de ley que busca prohibir las carreras de perros en el país -con media sanción del Senado- ya está en la agenda de la Comisión Penal de Diputados, en esta ciudad del sudeste cordobés, entre 120 y 150 canes participan en competencias semanales en el mayor canódromo del país, más conocido como «el Palermo de los galgos».
Este mes, aquí empiezan las fechas para la competencia más importante de la Argentina: el Premio Nacional.
En esta localidad, preocupan los avances en el Congreso del proyecto que podría penar con prisión y multas a los organizadores y promotores de las competencias. El titular de la asociación civil que está detrás de las carreras, Carlos Ayala, señala a LA NACION que el Estado «debe regular» la actividad y advierte que las denuncias sobre el maltrato a los animales «no tienen fundamento». Las acusaciones por crueldad contra los perros son uno de los argumentos que fundamentan la iniciativa legislativa.
En el canódromo, que en las fechas importantes puede albergar a más de 6000 espectadores, el movimiento comienza a media mañana, cuando llegan los «perreros» acompañados por sus galgos con bozal y capa.
Media hora antes de que empiece la primera carrera, el rematador presenta a los galgos que participarán. Luego, los perros suben a la rotonda, donde los veterinarios los revisan. Después de correr, al ganador le hacen un análisis de orina para detectar estupefacientes.
Los veterinarios que están en el predio, Leandro Filipetti y Omar Deheza, explican que, por ahora, los laboratorios no reciben la sangre para detectar drogas de control como derivados arsenicados. «Hace dos años, cuando se comenzó con esto, en las pruebas de orina se detectaban más anfetamina, metanfetamina y cocaína -indica Filipetti-. Se avanzó y si se regula será mejor, porque se podrá hacer evaluación en sangre.» La senadora rionegrina por la Alianza Frente Progresista Magdalena Odarda es la autora de la iniciativa que prohíbe las carreras. El proyecto establece penas de prisión de tres meses a cuatro años y multas de 4000 a 80.000 pesos para el que las organice o promueva.
La legisladora rechaza que la regulación sea una posibilidad: «Hay apuestas clandestinas que mueven mucho dinero y maltrato animal por uso de drogas para lograr un mayor rendimiento. Los animales son seres sintientes, no objetos de uso».
Mientras Ayala sostiene que la prohibición empujará a la ilegalidad, Odarda está convencida de que no será así. «Hay concientización en la difusión de derechos de los animales; valoro el control ciudadano», agrega, a la vez que admite que en Río Negro las carreras llevan 10 años prohibidas y «jamás se cumplió» la ley. En Santa Fe también están prohibidas y en Buenos Aires están autorizadas en canódromos creados y habilitados por ley.
Una de las voceras de la ONG Proyecto Galgo Argentina, que prefiere reservar su identidad por amenazas recibidas, insiste: «Las competencias no son una pasión, sino un negocio. Son clandestinas, las apuestas no tributan en ningún lugar. Para certificar que no hay maltrato, la única forma es con el control antidoping«.
