Aldo Battisacco – Conclusión Buenos Aires
Organizaciones sociales se concentraron este jueves en la esquina de las avenidas Belgrano y 9 de Julio, para marchar luego al Congreso nacional, en el marco de una “movilización nacional” en reclamo de la “sanción urgente” de una reforma de la ley 27.453 para evitar desalojos en asentamientos y barrios populares, normativa que está siendo discutida por la Cámara de Senadores de la Nación y que ya cuenta con media sanción en la Cámara Baja.
Las organizaciones sociales nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), Techo y Cáritas se movilizaron rumbo al Congreso en reclamo de la “sanción urgente” de una reforma de la ley 27.453, del “Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana”, para evitar desalojos en asentamientos y barrios populares en distintos puntos del país.
“La Mesa Nacional de Barrios Populares espera que el Senado sesione de manera urgente para tratar por la Reforma de la Ley 27.453, Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, debido al vencimiento del plazo que suspende los desalojos en los asentamientos y barrios populares incluidos en los registros nacionales, dejando al azar la posibilidad de que miles de familias queden en la calle de un día para el otro”, anunciaron.
En ese marco, explicaron que con la reforma legislativa “se trata de consolidar una política pública que no solo surge de los propios afectados, sino que además en los últimos años ha demostrado ser una herramienta fundamental para generar trabajo, inclusión social y el acceso a una vivienda digna. Hoy necesitamos que se haga una evaluación real de nuestra situación y se declare la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares”.
Al hablar ante los presentes, Norma Morales, referente de la Utep, indicó: “Hay que transformar de fondo, y para eso es necesario la urbanización de barrios populares. Con una parte del Aporte Solidario logramos transformar nuestros barrios”.
En este sentido, y en diálogo con Conclusión, el referente del Movimiento Evita, Matías Mora, indicó: “La reforma de la Ley Nacional de Barrios Populares (sancionada en 2018) aumenta la cantidad de barrios populares que tenemos dentro del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Hasta el 2018 existían 4.416 barrios populares, y a partir de ese año pasamos a tener 5.687. Lo que sucede es que hay más de 1.500 barrios populares que no están contemplados por la ley porque no están incorporados al Registro, entonces lo que estamos pidiendo es que este aumento considerable de barrios populares esté incorporado en el anexo de la ley para que también podamos intervenir con obras públicas y de integración urbana que permitan el acceso a derechos básicos como agua potable, seguridad eléctrica, cloacas, asfalto, a tener instituciones deportivas y educativas”.
Y agregó: “También exigimos que se declare la emergencia sanitaria y urbana para acelerar los trámites administrativos para que los proyectos de urbanización salgan lo más rápido posible; y tener dentro del Presupuesto un monto estimado para que podamos tener dentro de la Secretaría de Integración Socio Urbana, que es el organismo a cargo de la urbanización de barrios populares, dinero y financiamiento para seguir garantizando obra pública”.
Mora, además, indicó que actualmente unas cinco millones de personas viven en barrios populares. La gran mayoría, no tiene acceso a servicios básicos como electricidad, agua potable, cloacas o asfalto. “Como en los centros urbanos no hay tierra, lo que terminan haciendo por necesidad los vecinos es ocupar tierras que son inhabitables: están contaminadas o en situación de extrema vulnerabilidad”, apuntó.
Y concluyó: “Hay un mito de que quienes vivimos en las villas o en los asentamientos somos vagos y eso no es así, todos tenemos un trabajo, que puede ser formal o informal”.
En diálogo con Conclusión, la referente del Frente Popular Darío Santillán, Anahí Benítez, indicó: “Pedimos a los senadores que acompañen la reforma de la ley nacional de barrios populares. Es una reforma que tiene que ser tratada y aprobada con urgencia porque plantea la prórroga de la suspensión de desalojos por diez años”.
“Hay muchas familias que aún no regularizaron la tenencia de la tierra, que es una responsabilidad del Gobierno Nacional y otros organismos que tienen competencia en el tema, y se necesita un tiempo más para lograr esa regularización”, completó.
Además, sostuvo que es necesario que se incorporen al ReNaBaP nuevos barrios populares, para completar un total de 5.700 distritos que pasarían a estar afectados por los derechos que aplica esta ley.
“Creemos que esta es una ley que no debería ponerse en la grieta sino que debería acompañarse con el más amplio consenso de la política porque implica llegar con cloacas, agua y luz a los barrios populares, y esas obras las van a hacer cooperativas de trabajo conformados por vecinos de los barrios, permitiendo el trabajo y el salario digno”, agregó.
Y amplió: “Las obras que pensamos tienen que ver con la creación de espacios comunitarios, de plazas, mejoras de clubes, todo lo que hace a la posibilidad de que un barrio cuente con lo necesario para desarrollar la vida cotidiana, como jardines de infantes y recolección de residuos”.
Finalmente, y en diálogo con los presentes, la secretaria adjunta de la Utep, Dina Sánchez, indicó: “Esta ley significa mejoras de trabajo, mejor ingreso salarial para nuestros compañeros que viven en esos barrios populares. Queremos una ley general de tierra, techo y trabajo y la tenemos que pelear”.
