El Gobierno convocará a sesiones extraordinarias al Congreso en diciembre con el objetivo de cerrar el año parlamentario con la aprobación de una serie de proyectos consensuados con la oposición, con la prioridad puesta en la reforma al impuesto a los Bienes Personales, y evitar que la actividad parlamentaria concluya abruptamente por el malestar de la UCR con el PRO.
Por estas horas, el Gobierno avanzó las conversaciones con algunos miembros de la oposición para llamar a sesiones extraordinarias y acordar el temario con vistas a evitar un cierre desprolijo del año parlamentario, con la interna oficialista como telón de fondo.
Fuentes confiables aseguraron a Conclusión, que poco «gustaba» la idea de dar por terminado el año legislativo con «una cartelera para los acuerdos del peronismo que terminó con un resultado desastroso para el oficialismo en el Consejo de la Magistratura».
Es de esperar que el Ejecutivo este «definiendo el temario» de cara al período extraordinario de sesiones que será convocado en los próximos días.
El período ordinario de sesiones concluye el 30 de noviembre y aunque el cierre parecía inminente no se avizoraron señales que permitan pensar en una prorroga de las ordinarias. Entre otras cosas por la dificultad que representa el paro aeroportuario previsto para el lunes y las limitaciones al transporte impuestas por el ministerio de Seguridad con motivo del G20.
La reserva de pasajes aéreos fue una de las previsiones que tomaron algunos bloque para no ser sorprendidos por una ligera convocatoria del oficialismo para el martes.
Además, cabe recordar que el próximo martes, se reunirán a las máximas autoridades de la Alianza gobernante y dirigentes, ejecutivos de provincia, funcionarios y legisladores, para «limar asperezas», de cara a la única sesión que se prevé para el 12 de diciembre, aunque algunos no descartaron que pueda realizarse el 5 del mismo mes.
La prioridad esta puesta en la iniciativa del jefe del bloque Argentina Federal, Miguel Angel Pichetto, que plantea excluir de ese gravamen a quienes posean un inmueble con destina a vivienda única familiar que no supere los 18 millones de pesos.
Otro paso sería incluir una reforma del Código Procesal Penal para adaptarlo a la herramienta del «imputado colaborador», popularmente conocido como «arrepentido», y la creación del Parque Nacional del Iberá.
Además, el Ejecutivo tendrá que ceder una petición del Bloque Justicialista que pide sumar al temario la creación del Juzgado Federal de Tartagal.
En cuanto a la Cámara alta, restaría la aprobación del proyecto de financiamiento de los partidos políticos, aunque resta saber que pasará con la negociación entre Cambiemos y el justicialismo, y en Diputados está pendiente la nueva Ley de Alquileres.
