Gaza: la Cruz Roja cerró temporalmente su oficina

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) anunció hoy que cerró temporalmente su sede en la Franja de Gaza, luego que un grupo de personas, que reclamaba por un preso palestino que hace 76 días cumple una huelga de hambre en una cárcel en Israel, intentara irrumpir en el edificio.

Decenas de personas se concentraron hoy frente a la sede de la CICR en la ciudad de Gaza, para expresar su solidaridad y reclamar que la organización actúe para ayudar a Mohamad Al Qeiq, un periodista de Ramallah de 33 años, que se encuentra en huelga de hambre por haber sido arrestado por Israel sin cargos ni un juicio en el horizonte cercano.

La situación se volvió tan tensa en la entrada de la sede de la Cruz Roja, que la organización se vio obligada a hacer algo que nunca hace: pedir protección policial.

Los manifestantes acusaban a la Cruz Roja de negarse a intervenir a favor de Al Qeiq, quien se encuentra en una situación de salud crítica, según informó anoche el jefe de la Corporación de Presos Palestinos de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Isa Qaraqe.

Por su parte, la abogada palestina de la corporación Heba Masalha, que actualmente sigue el caso desde el hospital de Afula, donde está internado Al Qeiq, en el norte de Israel, corroboró que en las últimas horas su situación era crítica y advirtió que teme por su vida.

El jueves pasado el joven periodista decidió mantener su huelga de hambre después de que el Tribunal Supremo israelí resolviera suspender su detención administrativa con la condición de que permaneciera en el centro médico bajo tratamiento y recibiera allí las visitas de su familia.

De acuerdo al Centro Palestino por los Derechos Humanos (CPDH) con sede en Gaza, y que hoy condena en un comunicado la decisión de la corte israelí, Al Qeiq rechazó la decisión al considerarla apenas como una estrategia para que el periodista desista de mantener «su derecho legítimo a resistir la decisión ilegal, inhumana e inmoral de permanecer bajo detención administrativa».

Esta figura legal permite en Israel mantener en prisión a una persona sin que medie la presentación de cargos ni de un juicio, durante períodos de seis meses renovables indefinidamente. La inmensa mayoría de los que son detenidos en estas condiciones son palestinos.

Según datos de la ONU, Israel mantiene en prisión a 527 palestinos con detenciones administrativas.

El caso de Al Qeiq ya captó la atención de potencias mundiales y organizaciones de derechos humanos internacionales, que han reclamado su liberación antes de que la huelga de hambre produzca daños irreversibles a su organismo.

Además del reclamo por las condiciones del arresto de Al Qeiq, su detención se enmarca en la ola de violencia y represión que domina la región desde el año pasado.

En total, desde octubre pasado, al menos 156 palestinos y 26 israelíes, entre ellos un rabino ortodoxo nacido en Argentina, murieron víctimas de una ola de ataques palestinos con cuchillos y autos, y de una represión sistemática por parte del Ejército en el territorio israelí y en las regiones ocupadas de Cisjordania, Jerusalén este y la Franja de Gaza.