Cavalieri reclamó intervención judicial del Grupo Garbarino y elevó denuncia a Inspección General

El titular de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), Armando Cavalieri, interpuso este martes una denuncia ante la Inspección General de Justicia (IGJ) contra el grupo económico Garbarino, que integra esa empresa y Compumundo, y requirió «su inmediata intervención judicial», informó la organización sindical.

En una denuncia elevada a la IGJ, Cavalieri sostuvo que a ese organismo «le compete el contralor de las sociedades comerciales de la Capital Federal», y requirió que por su intermedio la justicia «tome debido conocimiento y arbitre las medidas y peticiones para remover a los administradores y designar interventores judiciales, por ser estos responsables directos de la crisis producida por el desmanejo empresario».

«Esto se suma a la gran cantidad de acciones concretas que la Faecys realizó en defensa de los derechos e intereses de los trabajadores de Garbarino», aseguró.

Cavalieri sostuvo en la presentación ante la IGJ que el gremio ya obtuvo una medida cautelar administrativa para reincorporar a los despedidos (conciliación obligatoria); la imposición forzosa estatal de la vigencia de los contratos laborales y la apertura e impulso de sumario administrativo en Trabajo para que se apliquen las máximas sanciones económicas a la empresa y sus directivos, reseñó el dirigente.

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«También se reconoció que la empresa y sus directivos cometieron incumplimientos e ilícitos laborales que vulneraron el DNU 329/20», dijo Cavalieri, quien añadió que los gremios adheridos intermediaron, representaron y asistieron a los trabajadores en sus presentaciones individuales ante el concurso preventivo recientemente abierto.

Cavalieri reseñó que «se celebró e implementó un convenio marco de cooperación con Trabajo para el reingreso del personal afectado mediante el Programa de Inserción Laboral (PIL), y se lograron estímulos para aquellos que los contraten, lo que significó la reducción del 95 por ciento de las contribuciones», puntualizó.

«Ello incluyó una ayuda económica de la cartera laboral, que se hizo cargo de una parte importante de los haberes equivalente al mínimo, vital y móvil», enfatizó.

En la carta elevada a la IGJ, Cavalieri fundamentó la denuncia y petición en «los graves desmanejos societarios» y dijo que «se sumará a las gestiones que se realizarán para hallar soluciones a la grave situación que viven esos mercantiles».

«La Faecys continuará adoptando todas las medidas pertinentes en defensa de los derechos y apoyará de forma incondicional a los trabajadores, y hará acciones para que los directores y socios de las empresas responsables de esta crítica situación sean condenados por la gravedad de sus actos contrarios a las leyes», concluyó.