Educación Ambiental Integral: entre la urgencia y las contradicciones

Por Alejandro Maidana

El contexto actual, atravesado por una pandemia feroz y de origen zoonótico, nos ha interpelado en profundidad obligándonos a que el debate socioambiental crezca y se enriquezca, no dejándonos embelesar con leyes y discursos edulcorados. El modelo extractivista lejos de cesar debido al virus circundante, se ha consolidado y amenaza con expandirse anclado en prácticas depredadoras y despreciativas de la vida en todas sus formas.

El modelo productivo actual se encuentra en crisis, solo el furibundo lobby político y mediático lo sostiene. En ese marco, la discusión sobre la concentración de tierras, un paquete tecnológico basado en agroquímicos, los desmontes y la minería a gran escala, siguen encontrando terreno fértil y libre de toda restricción y control. El avasallamiento constitucional es explícito, y es allí donde podemos contemplar como la democracia se pone al servicio de las corporaciones.

El costo humano de la voracidad capitalista ha sido muy alto, la inviabilidad de los modelos extractivos está a la vista, los más de 20 millones de pobres gritan su dolor, mientras que de manera impertérrita, los marionetistas de la desesperanza continúan manejando los hilos de un sistema deshumanizante. Es hoy, ya que difícilmente haya un mañana si se tuerce este enmarañado destino.

El Taller Ecologista de Rosario toma la palabra

En sus principios, el texto se presenta de modo manifiesto como política pública en clave de derechos, haciendo lazo no sólo con el Art. 41 de la Constitución Nacional, sino también con las Leyes de Bosques Nativos, Glaciares, Manejo de Fuego, entre otras. En buena parte de Latinoamérica, desde hace algunos años, los derechos de la naturaleza interpelan al campo jurídico, históricamente abocado a configurar pautas orientadas a la regulación de la vida humana y la convivencia entre personas.

Si bien se trata de un anuncio largamente anhelado por numerosos colectivos abocados a la defensa de los bienes comunes, “no deja de sorprendernos el enfático tenor de la norma -representativa de un horizonte deseable- en un contexto signado por la destrucción ambiental y por la ausencia de garantías gubernamentales respecto del cumplimiento de la amplia legislación ambiental vigente, incluyendo la adhesión del Estado a tratados internacionales también en curso”, sostuvieron.

Mientras tanto, en los territorios de vida avanzan sin pausa la megaminería a cielo abierto, los desmontes, los monocultivos, el uso indiscriminado de agrotóxicos, la profundización de la hidrovía, la exponencial producción de artículos rápidamente descartables

Llama la atención el raudo avance en la deliberación y aprobación de este proyecto de ley, cuando ante un reclamo impostergable y masivo como la sanción de una Ley de Protección de Humedales -cuyo primer proyecto se presentó en 2013- sigue aún pendiente de la debida atención política. “Asimismo, dentro de los avances jurídicos corresponde señalar la reciente sanción de la Ley Yolanda, que establece la capacitación obligatoria en materia ambiental para todas las personas que se desempeñen en la función pública de la administración nacional; como la ratificación de nuestro país al Acuerdo de Escazú. Mientras tanto, en los territorios de vida avanzan sin pausa la megaminería a cielo abierto, los desmontes, los monocultivos, el uso indiscriminado de agrotóxicos, la profundización de la hidrovía, la exponencial producción de artículos rápidamente descartables, todo lo cual deja a la vista la actualidad de un modelo productivo extractivista, depredador, esparcido por el mismo territorio al que la nueva Ley propondría proteger”.

Lógicas contrapuestas que indican que es también, y primordialmente, el Estado el que debe afirmarse en la coherencia de la toma de conciencia de la cuestión ambiental, enunciado que a partir de la nueva norma se incorporaría al Art. 92 de la Ley de Educación Nacional, dedicado a instituir contenidos curriculares comunes. “Nos parece una buena decisión la de calificar a la Educación Ambiental como Integral (E.A.I.), por cuanto es preciso desprendernos de la racionalidad positivista y largamente dominante que separa al conocimiento de la vida y asumir el pensar – integralmente, colectivamente- desde donde pisamos, enfrentando toda la conflictividad del presente. En ello radica la auténtica urgencia de una Estrategia Nacional de E.A.I. estipulada en la presente ley. Concebimos a la educación ambiental como una práctica social crítica, problematizadora y propositiva que, poniendo en foco al territorio, apuesta a una acción política transformadora a partir de la inserción lúcida en la realidad. En tanto campo educativo emergente, tensiona la tradicional lógica disciplinar, la trastoca y la desborda, haciendo necesarios los abordajes interpretativos que el texto de la norma contempla, los que deben nutrirse de los aportes del diálogo intercultural e intergeneracional, como así también de las contribuciones de la mirada ecofeminista”.

La sanción de una Ley de E.A.I. supone un reconocimiento a la educación, ese hecho inestimable que funda subjetividad y comunidad, en su potencial para alentar alternativas al mal-desarrollo. “Es un enorme desafío cultural, político y pedagógico para las instituciones educativas, llamadas a una construcción que claramente excede lo escolar: hacer educación ambiental no es sólo tarea de docentes; en un amplio arco de responsabilidades públicas y privadas, exige la implicación de todos los sectores. Y sobre todo, exige del Estado un gesto esencial que debe acompañar al enunciado: afrontar la incomodidad y avanzar decididamente en la construcción que hoy impulsa. La sanción de la Ley no es lo único que esperamos, mientras las organizaciones seguimos trabajando articuladamente y sin descanso, por el resguardo integral de los ecosistemas y la vida”, concluyeron desde el Taller Ecologista.