Fiscalía pide prisión preventiva para el fiscal Gustavo Ponce Asahad

El fiscal Gustavo Ponce Asahad y su secretario, Nelson Ugolini, se presentaron en la audiencia imputativa que se realiza durante la tarde de este martes en el Centro de Justicia Penal de Rosario, en la cual se los acusa de participar en delitos contra la administración pública y de haber recibido dinero del empresario Leonardo Peiti a cambio de brindarle información reservada sobre cuestiones judiciales.

La Fiscalía hizo una larga acusación en la que solicitó la prisión preventiva para Ponce y su colaborador. Falta que resuelva la jueza Eleonora Verón.

Meses atrás, en medio de la creación de la Unidad Fiscal Covid-19, cuya titularidad quedó en manos del fiscal Gustavo Ponce Asahad, el escenario que se vive esta tarde en el Centro de Justicia Penal de Rosario hubiera parecido imposible.

Sin embargo, todo cambia rápidamente y este martes, Ponce Asahad dejó de ocupar el lugar de acusador para pasar a ocupar el banquillo de los acusados. Y, junto a él, su empleado: Nelson Ugolini. Ambos están sospechados de filtrar información y brindar cobertura judicial a una banda que se dedica al juego clandestino y las extorsiones ilegales. Además, se los acusa de exacciones ilegales, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La causa se inició como una derivación de la investigación del crimen del Casino City Center, el pasado mes de enero, en el que perdió la vida el contador Enrique Encino, crimen por el que fue detenido e imputado Maximiliano Cachete Díaz y otras dos personas. La sorpresa apareció cuando se peritó el teléfono de Díaz, y allí aparece un intercambio de mensajes con alguien del Ministerio Público de la Acusación que le revelaba información sobre la investigación. Con ese rastro, los fiscales Edery, Schiappa Pietra y Paolicelli lograron identificar a los supuestos responsables de las filtraciones: la evidencia apuntaba a Ponce Asahad y Ugolini.

Pero esto no fue todo, el jueves pasado, Leonardo Peiti, un empresario que tiene varios casinos y es investigado en la causa, se presentó a declarar y allí involucró a Gustavo Ponce Asahad y al propio fiscal regional, Patricio Serjal, en maniobras de pedidos de dinero a cambio de información y venta de protección judicial. A partir de allí, el fiscal regional de Rosario debió presentar su renuncia y someterse a la audiencia imputativa que se encuentra en curso.

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