El Gobierno español rechaza un referéndum sobre la monarquía

El Gobierno de coalición progresista de España descartó este miércoles la celebración de un referendo sobre la monarquía, mientras sigue creciendo la presión en torno del rey Felipe VI para que responda ante el escándalo de corrupción en el que está implicado su padre, el rey emérito Juan Carlos de Borbón.

«La Jefatura de Estado no está en cuestión» en España porque es «nuestro marco constitucional», dijo este miércoles la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, rechazando la posibilidad de celebrar un referendo sobre el sistema político español durante una sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados.

Calvo respondió así a un legislador del partido independentista vasco Bildu que le señaló «¿qué más debe pasar para que el Gobierno apoyara la celebración de un referendo sobre la Jefatura del Estado?», refiriéndose a las revelaciones sobre las finanzas opacas del rey Juan Carlos I.

«No está previsto ningún referendo que nos haga desembocar en nada más y nada menos que un cambio de la Constitución de esa envergadura», sostuvo la vicepresidenta, para luego remarcar que «la Jefatura de Estado no está en cuestión en nuestro país».

Además, Calvo recordó que una reforma de este tipo requiere un «amplio acuerdo parlamentario», algo que es prácticamente imposible con la actual composición del Congreso de los Diputados español, en la que tienen amplia representación la derecha y la extrema derecha.

En las últimas semanas, los españoles fueron conociendo por medio de la prensa detalles de la investigación abierta por la Justicia de Suiza contra el rey emérito Juan Carlos de Borbón, acusado de blanqueo de capitales y comisiones ilegales por una presunta coima de 100 millones de dólares que recibió en 2008 de Arabia Saudita por la adjudicación a empresas españolas del tren de alta velocidad de Medina a La Meca.

De acuerdo con la investigación de la fiscalía helvética, el padre de Felipe VI ocultó el dinero saudita en la Fundación Lucum, una empresa off shore con cuenta en Suiza, y en 2012, transfirió el dinero que le quedaba a su ex amante, la empresaria Corinna Larsen.

Las pruebas documentales y testificales están ya en manos del Tribunal Supremo español, que también abrió una investigación preliminar para determinar si existen indicios penales contra el exmonarca, aunque sólo a partir de junio de 2014, la fecha de su abdicación, ya que antes estaba protegido por la inmunidad que le otorga la Constitución.

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, calificó de «inquietantes» y «perturbadoras» las informaciones sobre la presunta corrupción del padre de Felipe VI, pero apenas abrió la puerta a una reforma constitucional para limitar la inviolabilidad del Rey, que impide que sea juzgado por actos cometidos en su cargo.

Por su parte, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, del partido de izquierda Unidas Podemos (UP), reconoció la «valentía» de Sánchez por plantear esta cuestión, pero admitió que ni ese cambio podría llevarse a cabo «en el corto plazo» por la correlación de fuerzas actuales.

No obstante, UP pidió «abrir el debate sobre la utilidad de la monarquía», tras poner en cuestión su transparencia, al igual que independentistas catalanes y vascos.

De hecho, el Parlamento catalán -con mayoría independentista- aprobó en las última horas una resolución en la que se pide la abdicación de Felipe VI» por su papel de respaldo a la intervención de Cataluña para evitar la secesión en octubre de 2017.

Si bien la figura de Juan Carlos I adquirió popularidad por su papel en la transición del país hacia la democracia, muchos ciudadanos españoles siguen considerando que es el heredero designado por el dictador Francisco Franco, y que la monarquía constitucional forma parte del un «viejo régimen del 78» -el bipartidismo- que comenzó a tambalearse con la irrupción de partidos como Podemos.