MIéRCOLES, 27 DE NOV

Fiscal Marijuan denunció a Mercado Libre por la venta de letras del Tesoro que fueron reperfiladas

La denuncia está sustentada en que los imputados habrían recibido información privilegiada para vender Letras del Tesoro doce días antes del reperfilamiento de esos títulos.

El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció al fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, y a los integrantes del directorio de esa empresa por el delito de «defraudación contra la administración pública».

La denuncia está sustentada en que los imputados habrían recibido información privilegiada para vender Letras del Tesoro doce días antes del reperfilamiento de esos títulos que anunció el ex ministro de Hacienda, Hernán Lacunza.

El fiscal considera que así la empresa habría evitado que esos papeles quedaran atrapados en el default, sostiene la denuncia de Marijuan, a cargo de la Fiscalía Nacional en el Criminal y Correccional Federal Nº 9.

Desde Mercado Libre indicaron que nunca accedieron a información clasificada de ningún tipo.

Dijeron que el fondo común de inversiones donde estaban esos títulos lo maneja el Banco Industrial en su nombre y que ese tipo de venta de activos fue una constante de las carteras de inversión luego de las PASO.

Explicaron que como el reperfilamiento sólo alcanzó a las personas jurídicas y no a las humanas, que son más del 98% de los integrantes de su fondo, tampoco sus clientes se hubieran visto afectados luego de esa medida del gobierno de Cambiemos.

Según la denuncia, Mercado Libre se desprendió de $1.126,4 millones en Lecaps S30G9, $151,9 millones en Lecaps S13S9 y $18,1 millones en Letes L2DG9.

La denuncia, basada en datos periodísticos, también menciona «otros acontecimientos que exponen presuntos beneficios» que habría obtenido la sociedad.

Entre esos hechos menciona una devolución a la AFIP por $500 millones que nunca sucedió, en 2017, un cuestionado crédito con el Banco Nación por $4.000 millones y beneficios del 70% en contribuciones y 60% del impuesto a las Ganancias que corresponden a la ley de Economía del Conocimiento.

Esa ley fue votada el año pasado y fue puesta en revisión por el gobierno de Alberto Fernández.

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