Los papeles de la SIDE

Por Luciana Bertoia y Alejandra Dandan

Hacía casi ocho meses que el juez Sergio Torres le había enviado un oficio a la entonces Secretaría de Inteligencia (SI) pidiéndole información de una pareja asesinada durante un operativo conjunto de la patota de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y las fuerzas uruguayas. Ya casi nadie tenía esperanza que la ex SIDE contestara cuando llegó un sobre cerrado al Juzgado Federal 12 de Comodoro Py. Era el 6 de noviembre de 2013 y las entonces autoridades reconocían que había información en la Secretaría de Inteligencia sobre las víctimas de la última dictadura.

Esa información sigue allí. La actual interventora ordenó que se releve todo el material, que son decenas de miles de fichas, en busca de información que pueda servir al proceso de memoria, verdad y justicia.

Un sobre cerrado

El sobre contenía información sobre Juan Alejandro Barry y su compañera, Susana Beatriz Mata. Ambos militaban en Montoneros. Tenían una hijita, Alejandrina, que había nacido en marzo de 1975, mientras Susana estaba detenida en el Penal de Olmos después de un primer tiempo secuestrada en el Pozo de Banfield. Alejandro y Susana resultaron muertos en el operativo de mediados de diciembre de 1977. Alejandrina quedó a merced de los militares uruguayos y las revistas de la editorial Atlántida usaron su imagen para hacer propaganda contra los militantes que estaban sufriendo la represión.

La ex SIDE aportaba datos sobre los períodos en los que sus padres habían estado presos e incluía menciones a supuestos operativos en los que habría participado Barry. Alejandrina, con su abogada Myriam Bregman, le habían solicitado a Torres que reclamara información del Ministerio de Defensa, de la ex SIDE e incluso de las autoridades uruguayas.

“Se hace saber que, realizada una amplia búsqueda en las diferentes áreas de este organismo con posible incumbencia en aquello que resulta objeto de requerimiento, ésta ha arrojado como resultado en una de ellas información que podría resultar de interés para la investigación», decía el oficio que recibió Torres en 2013.

El año pasado, Bregman presentó un nuevo pedido amparándose en la ley de acceso a la información, reclamando información sobre Alejandrina y sus padres. La respuesta de la actual Agencia Federal de Inteligencia (AFI) llegó el 30 de mayo último. Eran dos hojas con información repetida sobre Alejandrina, actual legisladora porteña por el PTS/FIT, y sus padres. La información era más sucinta que la que había recibido el juez Torres en 2013.

“Cada una de las informaciones que hemos ido recibiendo de Uruguay como de Argentina en dos oportunidades es distinta a la otra. Eso demuestra que, a pesar de las constancias de que la comunidad informativa actuaba coordinadamente, la información que nos dieron fue filtrada. Nunca nos entregan todo”, dice Bregman.

Lo que la AFI le entregó en 2013 a Alejandrina Barry.

Papelitos enrollados

Durante la última dictadura, la SIDE ocupó un lugar central a la hora de recabar información sobre futuros blancos. Tuvo un rol aglutinador con los servicios de inteligencia de cada fuerza y tuvo centralidad en la coordinación represiva con los países del Cono Sur conocida como Plan Cóndor. La SIDE incluso llegó a tener su propio centro clandestino, conocido como Automotores Orletti, que funcionó en un galpón de Floresta entre mayo y noviembre de 1976.

En 2006, se hicieron los dos primeros juicios por delitos de lesa humanidad tras la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. En La Plata, se juzgaba a Miguel Osvaldo Etchecolatz y, en la Ciudad de Buenos Aires, a Julio Simón –conocido como el Turco Julián. El 5 de julio de ese año, el juez federal Daniel Rafecas realizó una inspección ocular en Orletti.

—¿Y esto? – preguntó Carolina Varsky, por entonces abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Eran rollitos de papel. Los represores que actuaron en Orletti habían colocado partes de inteligencia, enrollados, en las paredes para tapar las marcas de balas que ellos mismos habían producido en ese galpón que habían alquilado. Los informes eran de abril de 1975, antes de que se pusiera en funcionamiento el centro clandestino, y referían a “antecedentes de izquierdistas en la ciudad de Balcarce”. Describían a sus blancos como “intelectual, barba muy bien cuidada” o decían que “manifiestan simpatía hacia Neruda”.

Eran prueba del paso de la patota de la SIDE en el lugar – como ya dejó acreditado la justicia en varios procesos.

Registro de la inspección ocular en Orletti, encabezada por el Juez Rafecas. Fuente: Memoria Abierta.

¿Y los archivos?

Archivos hay. Así lo comprobó Cristina Caamaño cuando intervino el organismo en diciembre del año pasado por decisión del Presidente Alberto Fernández. Hay registros del accionar de la SIDE durante los años de la última dictadura en un archivo del organismo que funciona en la sede de 25 de mayo, pero también los hay por todos lados.

En la AFI hay muchas cosas en abundancia. Entre ellas, artículos de librería. Un funcionario de la intervención abrió un placard de su oficina para buscar una libreta para tomar notas. Mientras hurgaba en el armario, encontró papeles que estaban fechados en los años del terrorismo de Estado.

—Llamen a Seguridad– gritó.

El siguiente llamado fue a la Dirección de Jurídicos del organismo y pidió dos testigos. Se labró un acta y se cerró la puerta con una faja, hasta en tanto se decidiera qué hacer con ellos.

Relevarlos

El lunes pasado, Caamaño creó el Programa de Protección de Registro y Archivo que analizará información elaborada y recolectada por la entonces SIDE hasta el 9 de diciembre de 1985, cuando la Cámara Federal dictó la sentencia en el Juicio a las Juntas.

Según la resolución, el Programa debe compulsar, recopilar y sistematizar la documentación sobre violaciones a los derechos humanos y libertades individuales en la que esté comprometida la responsabilidad del Estado argentino. De acuerdo con el texto, el Programa tendrá amplio acceso a la documentación existente en la AFI, “a excepción de que aquella que involucre operaciones de inteligencia en curso”.

El Programa está a cargo de especialistas que deberán entregar un informe en menos de cinco meses con el material relevado y una sugerencia sobre el curso a seguir.  La fecha límite para la presentación es el 22 de junio, cuando se cumple el plazo de la intervención dispuesta por el Ejecutivo y encargada a Caamaño.

Entre lo que deberán determinar es si se puede armar un archivo de la SIDE o si es factible una desclasificación, decisión que inevitablemente quedará en manos del Presidente. El lunes 13 de enero, Fernández recibió a un grupo de organismos de derechos humanos en Casa Rosada. Entre los puntos que los referentes le plantearon fue la necesidad de acceder a los archivos de inteligencia. El Presidente dijo que era un punto muy relevante, lo que podría mostrar el semblante de lo que se discutirá en los próximos meses.

El material

Aunque recién se están relevando los documentos, se estima que hay aproximadamente 250.000 fichas, que incluyen alrededor de 6.000.000 de microfilms. Pese a que no trascendió qué archivos existen en manos de la actual AFI, voceros explicaron que las fichas corresponden tanto a personas físicas – vivas, muertas o desaparecidas – así como a partidos, grupos de militancia e incluso empresas.

Por lo que pudo saber El Cohete, dentro del material que se está estudiando en este momento no se encuentran los legajos del personal que prestaron tareas en la SIDE durante los años de la dictadura.  En 2006, el CELS le había pedido al presidente Néstor Kirchner que diera acceso a la nómina de personal que actuó en la central de inteligencia entre 1974 y 1983, después de que se difundiera que el entonces diputado Juan José Álvarez había sido miembro de los servicios.

Al año siguiente, Néstor Kirchner, a través del Decreto 44, relevó de la obligación de guardar secreto a quienes integraran o hayan integrado los organismos de inteligencia o las fuerzas para prestar declaración en los juicios por delitos de lesa humanidad. Días antes de dejar el gobierno en diciembre de 2015, Cristina Fernández de Kirchner firmó un decreto que daba acceso a las bases de datos de antecedentes de la AFI a interesados, familiares e incluía a los organismos de derechos humanos en su rol de impulsores de las causas de lesa humanidad. Quedaba excluida la información sobre agentes o ex agentes.

La SI/ AFI aportó legajos de personas que revistaron en sus filas a la justicia. Por ejemplo, los tuvieron en sus manos los jueces que juzgaron a Honorio Carlos Martínez Ruiz, Eduardo Ruffo y César Enciso por crímenes cometidos en Orletti.

La tarea

El caudal de información a analizar en la AFI es monumental. El archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) – creada en la Revolución Libertadora y disuelta en 1998 – está en manos de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Reúne 217.000 fichas personales y unas 43.000 fichas por temas. Lo que hay en la ex SIDE aparenta tener una magnitud similar o incluso mayor.

Quienes tuvieron acceso a parte de la información no pueden afirmar que vaya a develar cuál fue el destino de las víctimas del terrorismo de Estado, pero sí estiman que servirá para entender cómo funcionó la inteligencia durante aquellos años.

El material encontrado en la SIDE está distribuido en tres ficheros enormes. Según pudieron reconstruir desde la intervención, para el final de la dictadura, había trece de esos ficheros. Pero, entre 1984 y 1985, hubo un operativo de depuración y se destruyeron los diez aparatos restantes. La pregunta es si esa información se volcó en otro sistema o desapareció para no dejar rastros de los crímenes cometidos.

A principios de los años ’80, el Estado nacional adquirió un sistema para el procesamiento de información que se llamaba Bull. Los archivistas estiman que la información que se destruyó de los ficheros debería haberse mudado a ese sistema. Bull dejó de funcionar a fines de los ’90. El sistema que lo reemplazó fue el Excalibur, que se adquirió en 2001. Deberán ver cuánto está cargado en el Excalibur y con qué calidad.

La tarea es grande; el tiempo es corto y las expectativas –a casi 44 años del golpe de Estado– son enormes.

Fuente: elcohetealaluna.com