SáBADO, 30 DE NOV

Dan marcha atrás con el traspaso de casi 200 empleados al Poder Judicial

Ante el cuestionamiento sobre la legalidad del procedimiento, los judiciales solicitaron al fiscal general, Jorge Baclini que se revea la decisión.

 

El Fiscal General del MPA, Jorge Baclini, derogó la resolución número 23 dictada en el marco del proceso de traspaso –regulado por la ley provincial número 13.459– del personal de los poderes del Estado al Organismo de Investigaciones.

En la nueva resolución que lleva fecha de este jueves, el titular del MPA expresa que “lo dispuesto por la ley ha presentado ciertas cuestiones críticas que se han puesto de manifiesto en su implementación y ameritan un análisis más específico en el proceso de traspaso”.

En tal sentido, el documento también afirma que contra la resolución número 23, “el Sindicato de Trabajadores Judiciales interpuso recurso de reconsideración, solicitando que la misma quede sin efecto. Que en el mismo sentido se expidieron cuatro Fiscales Regionales en la Junta de Fiscales” realizada ayer en la ciudad de Rosario.

La nueva resolución también indica que “razones de oportunidad, mérito y conveniencia, y de buena administración y planificación estratégica de la organización, aconsejan dejar sin efecto la resolución número 23”.

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“En función de ello, y a los fines de dotar al Organismo de Investigaciones de personal con competencias específicas y adecuadas que permitan profesionalizar y hacer realidad las labores del organismo (aspectos centrales para garantizar su funcionamiento), surge necesario elaborar un proyecto de ley que regule el proceso de incorporación de los recursos mencionados”.

Tras los 195 nombramientos en el flamante Organismo de Investigaciones, el Sindicato de Trabajadores judiciales denunció el “ingreso por la ventana” de una gran cantidad de personal con “contactos políticos” y sin “características específicas para dichas funciones.

Desde el gremio de trabajadores Judiciales de Santa Fe expresaron el alerta ante la situación. Pero el MPA informó que todas las actuaciones se ajustan a lo establecido en la ley provincial número 13.459 aprobada por unanimidad por la Legislatura provincial.

Ante el cuestionamiento sobre la legalidad del procedimiento, los judiciales solicitaron al fiscal general, Jorge Baclini que “entregue una copia del expediente donde esté detallado cómo se efectuó la selección de este personal”.

Luego de una reunión con el sindicato Baclini se comprometió a dejar sin efecto la resolución, cuestión que fue llevada adelante este jueves.

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