Cambiemos redobla ofensiva contra gremios y presenta proyecto para «democratizarlos»
Con esta ley, los líderes sindicales permanecerán en sus cargos cuatro años con una sola reelección consecutiva y les estará vedada cualquier actividad empresarial.
Cambiemos presentó un proyecto de ley de «Democratización de las Asociaciones Sindicales» que incluye, entre otras modificaciones, que los líderes sindicales permanecerían en sus cargos cuatro años con una sola reelección consecutiva y les estará vedada cualquier actividad empresarial.
El proyecto, que lleva las firmas de los diputados nacionales Fernando Iglesias (PRO), Héctor «Toty» Flores (Coalición Cívica), Luis Petri (UCR) y Graciela Ocaña, Carla Piccolomini, Eduardo Cáceres, Julio Sahad y Karina Molina (PRO), obliga a los sindicatos a realizar procesos electorales «libres, periódicos, directos, democráticos, abiertos, competitivos y transparentes». Las asociaciones que no cumplan con los requisitos de la ley perderán el control de las obras sociales, que pasarán a la órbita del Ministerio de Salud.
Con esta ley, los líderes sindicales permanecerán en sus cargos cuatro años con una sola reelección consecutiva; pasarán a ser Personas Políticamente Expuestas, por lo que deberán presentardeclaraciones juradas patrimoniales todos los años, y les estará vedada cualquier actividad empresarial.
Además, en los sindicatos se deberán respetar las minorías en las comisiones directivas y el principio de un hombre-un voto, por lo que todas las elecciones serán directas y no indirectas como hasta ahora. El secretario general de la CGT, por ejemplo, deberá ser elegido entonces por el voto de los trabajadores del país.
«La Argentina es una república democrática, pero sus sindicatos no lo son. Por eso decidí presentar este proyecto de ley: para que los trabajadores tengan verdaderos representantes, y para que los sindicatos representen los intereses de los trabajadores y no los de los sindicalistas. En definitiva, para que haya democracia en los sindicatos y en la CGT», expresó Iglesias.
La normativa propuesta no pretende obstaculizar «la necesaria independencia que debe existir entre las organizaciones sindicales y el Estado», por lo que aquellos sindicatos que no cumplan con esta ley «conservarán su existencia jurídica y su capacidad de representación sindical». Sin embargo, «no podrán continuar controlando las obras sociales, cuyos fondos provienen del salario de los trabajadores».
Fuente: Ámbito Financiero