La Defensoría del Pueblo se expidió contra el aumento del gas

El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, solicitó este jueves que “no se considere la propuesta tarifaria de Litoral Gas en la forma solicitada por la empresa”, ya que ésta no considera la situación socioeconómica de los usuarios y la evolución de salarios y de la economía en general.

Además, reiteró la falta de obras de importancia para la operatividad del sistema y pidió tarifas especiales para las subdistribuidoras provinciales de carácter público, y una definición del gas en garrafa como servicio esencial. Y también propuso como alternativa “que se valore aplicar en el tarifario el llamado amesetamiento en las facturas, es decir que bimestralmente se pague el promedio del gas consumido en el año para amortiguar el consumo de invierno, sin costos administrativos a los usuarios”.

Lamberto, que participó de la audiencia por teleconferencia, comenzó destacando que la Defensoría del Pueblo también participó este miércoles en la audiencia pública celebrada en San Miguel de Tucumán para tratar incrementos tarifarios para el transporte de gas. Allí dejó sentado “que el transporte de gas natural debe ser considerado una auténtica política de Estado, que no puede ser exclusivamente financiado por los usuarios a través de la tarifa”.

Al referirse puntualmente al aumento solicitado por Litoral Gas en concepto de distribución explicó que la empresa, en base a un mecanismo no automático de adecuación semestral según el índice de Precios Internos al por Mayor (Ipim) publicados por Indec, pidió una actualización del 7,62 por ciento sobre la totalidad del aumento aprobado por la Revisión Tarifaria Integral (RTI), ya que en este período se aplica el tercer y último tramo del mismo.

“En este caso la fórmula de la distribuidora sólo contempla la variación de precios mayoristas, lo que no se condice con lo resuelto oportunamente por el propio Enargás. Deben tenerse en cuenta, para cualquier actualización tarifaria, la realidad socieconómica de los usuarios, la evolución de salarios y de la economía en general. Una vez más reiteramos que el costo de los servicios públicos y demás gastos deben ser afrontados por una única persona, el usuario”, reiteró Lamberto durante su exposición.

Asimismo, el defensor advirtió que el nuevo cuadro tarifario contempla la variación del precio del gas Pist (Punto de Ingreso en el Sistema de Transporte) al valor del dólar, con lo cual “queda claro lo que oportunamente se había advertido sobre lo riesgoso para los usuarios de tener un precio dolarizado sobre el gas en boca de pozo”. Fue en ese contexto que insistió con “una auditoría independiente que determine los costos reales del gas en el punto de ingreso al sistema”. Y también pidió rechazar el pedido en base al rubro “variación del costo del gas retenido”, ya que “se trata de pérdidas producto de la propia operación”.

Lamberto también resaltó que para la provincia de Santa Fe “no estando previstas obras de expansión de relevancia en el plan de obras obligatorias de la licenciataria, por lo que la propia provincia, con fondos provinciales, resolvió llevar a delante un gasoducto en la colectora de la ruta 1 para llevar suministro a Colastiné y Rincón, para luego explotarlo por Enerfe como subdistribuidora”.