“Que los muertos aparezcan en las calles no es culpa del Poder Judicial”

Luego de las polémicas declaraciones del ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro sobre la feria judicial y el funcionamiento de la Justicia, el juez penal Luis María Caterina hizo su descargo sobre el tema.

El magistrado entiende que existen otros factores que influyen en el índice de conflictividad y que el Poder Judicial no es responsable de los delitos que se cometen en las calles ya que las políticas de prevención y de seguridad pública dependen del Poder Ejecutivo.

El ministro de Seguridad afirmó días atrás, en declaraciones a los medios que durante el mes de enero «quedan muy pocos funcionarios judiciales llevando adelante el servicio de Justicia y eso impacta sobre la seguridad pública», y además afirmó que su gestión no permite a los funcionarios y jefes policiales bajo su órbita tomarse licencias en diciembre, enero y febrero porque «son los meses más críticos», en referencia a los hechos de violencia que sucedieron en los primeros días del 2018.

En diálogo con Conclusión, el juez penal Luis María Caterina señaló que “el sistema de feria judicial está contemplado en la ley orgánica, hace mucho tiempo que está en funcionamiento y prevé un determinada organización de trabajo y se cumple con un número más reducido de lo habitual de funcionarios, magistrados y empleados y también en el Ministerio Público de la Acusación y la Defensoría Penal” funcionan de la misma manera.

En este sentido aclaró que “los pedidos de audiencia se otorgaron en forma inmediata, tal es así que hubo audiencias el 31 de diciembre y el 1º de enero ininterrumpidamente”

Respecto del funcionamiento de la Justicia durante la feria señaló que “es una cuestión que se puede discutir si es la mejor forma o no de trabajar, se puede mejorar, todo es perfectible y no es una cuestión de principio republicano ni mucho menos”.

En cambio, respecto de los dichos de Pullaro remarcó que “decir que la culpa es del Poder Judicial me parece que estamos errando el punto central donde hay que poner el acento”.

Al respecto indicó que la solución pasaría por otras cuestiones dado que “no tenemos un lugar de internación para tratamiento de adictos en conflicto con la ley, muchos lugares de detención no tienen lugares adecuados de alfabetización y capacitación laboral, la gente entra al sistema penal y sale sin que se le resuelva una serie de problemas”.

Otros factores que inciden en el índice de conflictividad son “los problemas de seguridad barriales, que no son del Poder Judicial. Nosotros asumimos la parte de responsabilidad que tenemos como Poder Judicial en la conformación de la política criminal del Estado, pero que los muertos aparezcan en las calles no es un problema del Poder Judicial”, sentenció.

“En todo caso es un problema del Poder Ejecutivo y luego nosotros evaluamos en cada situación si la persona tiene que ser responsabilizada o no de haber cometido un ilícito y ahí está el sistema de garantía”, agregó.

Un punto importante que Caterina considera aclarar es que “no es que el Poder Judicial desapareció durante el mes de enero, se redujo porque hay un sistema de funcionamiento determinado”.

En cuanto a la cantidad de personas que se desempeñan en el Poder Judicial durante el período de feria indicó que “están trabajando dos jueces penales, además de la Cámara de Apelaciones, un juez distrital, siete funcionarios y otros empleados”. Además de quienes se desempeñan en el MPA y en la Defensoría Penal.

Respecto de los meses que el ministro consideró críticos, Caterina dijo que “hay una serie de factores estacionales que en diciembre, enero y febrero suelen ser conflictivos por distintas razones aunque no hay un estudio criminológico en Rosario, pero aumenta en algunos casos por la ingesta de alcohol, el agravamiento de determinados conflictos familiares, intervecinales, interbarriales y demás”.

Por otro lado, “hay un problema de seguridad que excede inclusive el marco policial, si tomamos el problema solamente como un problema judicial y policial estamos errando. Hay un problema de ordenamiento territorial, de vivienda, de escolarización, de consumo problemático de sustancias y todo eso se potencia, la situación económica, la pauperización. Si pensamos que se va a solucionar solamente con persecución penal estamos errando”, aseguró Caterina.

En cambio, “si entendemos la persecución penal desde el punto de vista policial, seria, eficiente, con personal capacitado y después con un conjunto de medidas que el Poder Judicial arbitre para tratar de solucionar, como ultima ratio, esos problemas que antes no se pudieron solucionar, ahí ya estamos mejor encaminados”, concluyó.