Dos ex gobernadores de Río de Janeiro fueron detenidos acusados de corrupción

El escándalo de corrupción en Brasil mantuvo su epicentro en Río de Janeiro luego de que la policía detuviera hoy a los ex gobernadores Anthony Garotinho y Rosinha Matheus, acusados de cobrar sobornos para comprar votos en las elecciones municipales de 2016.

La fiscalía acusa al matrimonio Garotinho de haber recibido sobornos del grupo frigorífico JBS, el mismo que delató haberle pagado coimas al presidente Michel Temer.

El matrimonio de dirigentes políticos del Partido de la República fue detenido en su casa en Campos de Goytacazes, municipio petrolero del norte del estado de Río de Janeiro.

Río de Janeiro se encuentra convulsionada con estas ramificaciones de las operaciones anticorrupción Lava Jato.

La captura del matrimonio de ex gobernadores se produjo luego de que un tribunal ordenara la detención, ayer, de tres diputados regionales del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) del presidente Michel Temer.

Los operativos anticorrupción detuvieron a otro ex gobernador del estado de Río, Sergio Cabral, hace un año, a raíz de una red de ilícitos por la cual ya fue condenado en primera instancia a más de 40 años de prisión.

Esta operación contra el matrimonio Garotinho, uno de los clanes políticos más influyentes de Río de Janeiro, tiene que ver con la campaña electoral de 2016.

Según el Ministerio Público, Garotinho y su esposa compraron votos de 18.000 personas a cambio de planes sociales que permitieron la elección de 20 concejales en el municipio de Campos de Goytacazes.

Garotinho, quien fue gobernador en la década de 1990 y candidato presidencial en 2002, ya había sido detenido dos veces por esta investigación y luego liberado.

También porque la delación premiada de un ejecutivo del frigorífico JBS indicó que hubo pagos irregulares hacia Garotinho y su esposa.

Es la primera vez que su esposa, también ex gobernadora de Rio, es detenida, en virtud de que en la época de la supuesta compra de votos era la alcaldesa del municipio de Campos.

La política de Río de Janeiro se encuentra convulsionada por las operaciones judiciales contra la corrupción. Es por eso que la fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, alertó que el estado de Río vive en un clima de «tierra sin ley» después de que la Asamblea Legislativa regional liberara a tres de sus diputados acusados de corrupción, decisión revocada por un tribunal de segunda instancia, lo que hizo que los legisladores volvieran a entregarse.

Dodge se pronunció en estos términos después de que un tribunal de alzada de Rìo anulara la decisión adoptada el viernes por el órgano legislativo de excarcelar a tres diputados estatales acusados de corrupción, asociación ilícita, lavado de dinero y evasión.

«El simple hecho de que la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, por amplia mayoría, ignorara el marco fáctico de delitos comunes descritos, indica la anomalía y la excepcionalidad del cuadro institucional vivida en este momento y exige la respuesta inmediata y firme de la Corte Suprema», apuntó en el escrito.

Los diputados que habían sido encarcelados bajo graves sospechas de corrupción y que recuperaron la libertad un día después gracias a sus colegas en la Asamblea son Jorge Picciani, presidente de la Asamblea Legislativa y padre del actual ministro de Deportes, Leonardo Picciani; Paulo Melo y Edson Albertassi.

Ayer, los tres diputados, del gobernante PMDB, fueron detenidos nuevamente.

Para Dodge, la resolución de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro «es prueba elocuente del clima de tierra sin ley que domina ese estado».

Según la acusación, estos diputados forman parte de una poderosa y compleja red de desvíos de fondos del transporte público en la que también participó el ex gobernador Cabral.

El estado de Río de Janeiro atraviesa una profunda crisis económica, agravada por los múltiples escándalos de corrupción que han salpicado a varios de sus dirigentes y que se relacionan con la grave ola de violencia desatada desde la celebración de los Juegos Olímpicos de 2016.