Carbocolor mantiene la suspensión de trabajadores y denunció el bloqueo de su planta

La compañía petroquímica Carboclor, propiedad de la petrolera estatal uruguaya Ancap, denunció hoy que continúa el bloqueo de su planta ubicada en la localidad bonaerense de Campana, donde la firma desvinculó a 128 empleados, y advirtió que debido a que la medida de fuerza le impide continuar con la actividad productiva, debió extender la suspensión de otros 24 trabajadores.

“Como fuera informado el 25 de julio último, la empresa continúa siendo objeto de un bloqueo ilegal en su planta industrial de Campana (Buenos Aires) llevado a cabo por acciones sindicales”, explicó el director de Carboclor, Ignacio Sammartino, en una nota enviada hoy a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Además, subrayó que “al continuar la situación de fuerza mayor que impide el desarrollo normal de las actividades en la planta, la empresa resolvió extender la suspensión de los empleados hasta el 8 de agosto inclusive, con la expectativa que la situación que origina la suspensión se haya normalizado para ese entonces”.

El 25 de julio Carboclor decidió suspender a 24 empleados de la planta, hasta el 1 de agosto, debido al bloqueo iniciado el 12 de julio por los trabajadores despedidos.

Sammartino precisó que Carboclor «pagó a los trabajadores la suma total de $ 72.986.883 en concepto de indemnización de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo”.

Puso de relieve que “en virtud de contar la empresa con patrimonio neto negativo las indemnizaciones de las desvinculaciones fueron afrontadas principalmente con fondos provenientes de la suscripción e integración parcial de capital que realizó el accionista Ancsol”, sociedad anónima financiera de inversión de Ancap.

Indicó que “el 14 de julio pasado se informó la recepción de una transferencia de dicho accionista por $ 81.643.152”.

Sin embargo, el secretario gremial del Sindicato Químico y Petroquímico de Campana, Oscar Casco, denunció que Carboclor suspendió sin goce de haberes a los trabajadores de esa planta, y rechazó la decisión de cesantear a los 128 operarios, incumpliendo «la legislación vigente y abonando menos del 50% de la indemnización».