JUEVES, 28 DE NOV

Julio Solanas: «La vivienda debe ser considerada un derecho humano básico»

Lo afirmó el legislador del FpV de Entre Ríos. Además señaló que prevé la creación de una Comisión Bicameral Permanente Asesora que tiene como función principal la actualización de los coeficientes de participación de las provincias en el Fondo Nacional de la Vivienda.

Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires (enviado especial)

El Diputado Nacional Julio Solanas presentó el Proyecto de Ley que pretende modificar el Sistema Federal de Vivienda (Ley 24.464), en el que propone una ampliación profunda e innovadora del concepto de vivienda, «la que además de digna incluye la particularidad y la necesidad de considerarla por la nueva ley como adecuada».

En diálogo con Conclusión, el legislador entrerriano destacó que esta «descripción permite que el derecho a la vivienda se encuentre ligado al cumplimiento de otros derechos garantizados por la Constitución Nacional y la normativa internacional en materia de derechos humanos».

En ese sentido, Solanas amplió diciendo que «el proyecto puntualiza acerca del derecho a una vivienda digna y adecuada ya que está compuesto por elementos que son relevantes como «la seguridad jurídica de la tenencia, la disponibilidad de servicios materiales e infraestructura, pero que además contempla gastos soportables, condiciones de habitabilidad y accesibilidad».

«Pero no termina allí -sostuvo el parlamentario mesopotámico- porque también es importante el lugar y la adecuación cultural de la vivienda», describió el parlamentario.

En otro sentido, el congresista aclaró que se trata de una iniciativa «conforme surge del artículo 14 de la Constitución Nacional y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que protege a las familias de la vulneración de una gran cantidad de derechos a la hora de hacer posible el acceso a la vivienda», especificó el diputado.

“Resulta necesario adecuar la previsión legal de la ley 24.464, a los efectos de armonizar el derecho a la vivienda digna con el goce de otros derechos humanos trascendentales como el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho al ambiente sano, entre otros”, sostuvo Solanas.

Además, el proyecto prevé la creación de una Comisión Bicameral Permanente Asesora que tiene como función principal la actualización de los coeficientes de participación de las provincias en el Fondo Nacional de la Vivienda, los cuales no se modifican desde el año 1997 (Entre Ríos participa de ese fondo en un 3,90%).

Para el ex intendente de Paraná, la importancia de esta nueva Comisión de asesoramiento permanente «radica en velar por el cumplimiento de los objetivos de la ley FONAVI para fomentar el acceso a la vivienda a los sectores más necesitados a lo largo y ancho de nuestro país (no existiendo hoy organismo o entidad que coordine y evalué los objetivos propuestos por esta ley), pero buscando y asegurando el resguardo de los preceptos de autonomía provincial y municipal que prevé nuestra Constitución Nacional».

Con esta aclaración, adelantó el congresista que se «busca evitar el avasallamiento e intromisión de los poderes nacionales a los fondos y al accionar autónomo de cada provincia y municipio», manifestó el entrerriano.

Otra de las novedades relevantes que introduce el proyecto impulsado por Solanas, tiene que ver con la integración del Sistema Federal de Vivienda, otorgándole «participación al Consejo Nacional de las Mujeres con el objeto de determinar cupos para las situaciones de violencia familiar y de género».

“En este marco buscamos reformar la normativa vigente con la intención de brindar herramientas más operativas que contribuyan a la adecuación y actualización de los coeficientes de participación en el fondo respectivo, en cuanto la última actualización data del año 1997, es decir desde hace veinte (20) años, convirtiendo esta previsión legal en letra muerta, ya que las condiciones actuales impactan fuertemente en la problemática de la vivienda, sobre todos en los sectores vulnerables, lo cual requieren la participación activa y directa de cada una de las jurisdicciones gubernamentales y de otras organizaciones de la sociedad civil”, concluyó Solanas.

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