JUEVES, 28 DE NOV

¿Conflictos de intereses en el Gobierno?

Todo surgió a partir de que cobró estado público la realidad del Correo Argentino, que precedió a las aerolíneas Avian. El bloque de diputados del Frente para la Victoria presentó en conferencia de prensa una nómina de funcionarios que ocupan cargos en el gobierno, y alertó que se debe investigar cada caso. 

Los conflictos de interés son aquellas situaciones en las que el juicio de un sujeto, en lo relacionado a un interés primario y la integridad de sus acciones, tienen a estar indebidamente influenciadas por un interés secundario, el cual frecuentemente es de tipo económico o personal.

Según el portal:  https://www.argentina.gob.ar/consultarconflictodeintereses – «Existe un conflicto de intereses cuando los intereses personales, laborales, económicos o financieros de un funcionario están en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones de su cargo».

Para la Oficina de ética de las Naciones Unidas el conflicto de interés puede surgir riesgos de conflicto de interés en dos niveles:

a)-Como conflictos de intereses institucionales,
b)-Como conflictos de intereses personal.

«Un conflicto de interés institucional surge cuando, como resultado de otras actividades o relaciones, una organización no puede prestar servicios imparciales, la objetividad de la organización para realizar la labor correspondiente al mandato se ve o puede verse afectada, o la organización tiene una ventaja competitiva injusta. Un conflicto de interés personal es una situación en que los intereses privados de una persona —como relaciones profesionales externas o activos financieros personales— interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones oficiales».

Parece que el tema llegó para quedarse, todo surgió a partir que el titular del Ejecutivo es empresario y constituido por ex ejecutivos de distintas firmas comerciales, nacionales e internacionales. Macri, es hijo de uno de los principales grupos económicos del país, hoy, desplazado al puesto 792 en el ranking según la revista Mercado. Sin embargo, los presuntos conflictos de interés sobrevuelan las decisiones del Gobierno que estarían vinculados con las operaciones de Socma, la empresa que Franco Macri transfirió en 2008 a sus hijos (Mauricio, la fallecida Sandra, Gianfranco, Mariano y Florencia) y cuyo 20% el presidente argentino entregó a su vez a sus tres descendientes mayores (Agustina, Gimena y Francisco).  En 1998, la revista Forbes, publicó que Franco Macri aquilataba una riqueza personal de u$s730 millones.

El auge y construcción del emporio llegó en la dictadura militar, momentos en el que agregó 39 empresas a la 7 que tenía, esto llevó al Grupo Macri a ser parte de ese grupo de empresarios conocidos como la «patria contratista», por sus negocios con el Estado. El Grupo Macri está vinculado con SOCMA (Sociedad Macri), en el cual su hijo Mauricio ocuparía diversos cargos. En 1984 se incorporó y desde 1985 en adelante se desempeñó como su gerente general. Socma y Sevel forman parte de un extenso listado de más de 70 empresas que transfirieron sus deudas al Estado entre 1979 y 1983. Sevel adeudaba 124 millones de dólares.

A finales de  la década del noventa, la empresa Socma administró el Correo Argentino hasta que en 2003, Néstor Kirchner decidió anular el contrato.

Distintos fueron los temas que generaron polvareda en torno a lo que se denomina conflicto de intereses y que adquirieron estado público. Tanto fue así que la titular de la Oficina Anticorrupción,  Laura Alonso, recomendó al ministro de Energía, Juan José Aranguren que vendiera sus acciones en la empresa Shell, de la que fue gerente en Argentina, incluso reconoció que estaba estudiando 35 casos de funcionarios con «presuntos conflictos de interés o incompatibilidades» por su pasado o presente vinculados a negocios privados.

Posteriormente, el presidente Macri y y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, fueron imputados por el fiscal federal Juan Pedro Zoni, el 14 de febrero por presunto perjuicio patrimoninal por el acuerdo de pago de la deuda del Correo Argentino SA con el Estado. Luego, la fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquin, calificó de “abusivo” el convenio firmado en junio de 2016 porque, según ella, implicaba la condonación del 98,8% del pasivo en concurso preventivo desde la crisis de 2001. Conocido esto, el escándalo no se hizo esperar, y el Gobierno pidió a la justicia que lo dejara sin efecto.

En marzo de 2016, Sideco Americana (holding de Socma), vendió Macri Airlines (Macair) a la colombiana Avianca, cuyo propietario es Germán Efromovich, quien en mayo del mismo año visitó en la Quinta de Olivos al presidente. En octubre se formalizó la transferencia de la aerolínea de los Macri a Avianca y al mes siguiente la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) llamó a la audiencia para el 27 de diciembre.

Las dudas surgieron a partir de que la ANAC está presidida por Juan Pedro Irigoin, hermano de Jorge Irigoin, quien se desempeña como presidente del Correo estatal, que ya había conducido esa explotación de la familia Macri de 1997 a 2001. En febrero de 2017, Juan Pedro Irigoin rubricó los dictámenes y sugirió al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, que apruebe sin restricciones todas las rutas que pidió Avianca, a la vez que rechazó y condicionó la solicitud de 4 compañías peticionantes, Andes, Alas del Sur, American Jet y la nueva FlyBondi.

La respuesta inmediata de la Anac fue emitir un comunicado para aventar sospechas de preferencias: “El dictamen no favorece a ninguna de las cinco empresas. Los criterios utilizados para establecer la conveniencia pública de las rutas fueron iguales para todas. La JATA (Junta Asesora del Transporte Aéreo) dictaminó en forma favorable sobre aquellas rutas donde el potencial de tráfico justifica la incorporación de nuevos operadores, ya que la oferta existente resulta ineficiente. Todo esto orientado a las necesidades de movilidad de las personas y no a las necesidades comerciales de una u otra empresa, para mejorar la conectividad del país. A todas las empresas se les otorgó el 100% de las rutas solicitadas, con excepción del caso de FlyBondi, a la cual se le negaron 11 rutas”.

  • A la audiencia del 27 de diciembre se presentaron 5 empresas -American Jet, FB líneas aéreas, Avian líneas aéreas, Andes líneas aéreas y Alas del Sur- solicitando un total de 156 rutas (92 nacionales y 64 internacionales).

Por otra parte, el organismo, se refirió a la facultades que posee de anular las escalas que le concedió a Avianca y no a American Jet, Alas del Sur y Andes (http://www.anac.gov.ar/anac/web/index.php/1/1550/noticias-y-novedades/aclaracin-sobre-audiencia-por-nuevas-rutas-areas) : “En relación a las escalas, la exigencia de cumplir el 50% de las mismas recayó por igual en todas las líneas. Este criterio, que busca la conectividad de ciudades más chicas, no aplica si las rutas solicitadas tienen una sola escala, como es el caso de Avian. No tiene nada que ver con la empresa sino con la naturaleza de las conexiones requeridas.

Seguidamente, Laura Alonso titular de la Oficina Anticorrupción, abrió 80 expedientes ante sospechas de que existían conflictos de intereses e incompatibilidades en el Gobierno de Macri.

El 29 de marzo, el bloque de diputados nacionales FPV-PJ, presidido por Héctor Recalde, convocó a los medios a una conferencia de prensa que se realizó en la oficina de Presidencia del Bloque, ubicada en el 3er piso del Palacio del Congreso de la Nación, sobre conflictos de intereses en el gobierno nacional.

El presidente del Bloque del Frente para la Victoria, Hector Recalde, relató que le «pareció prudente hacer una descripción de los conflictos de intereses que lo alcanza al presidente de la Nación», y además mencionar un «decreto del Poder Ejecutivo, el 1906/16 (cuestionado por Felipe Sola por medio de una acción de Amparo y que fue denegado por una jueza) , relacionado con el blanqueo que mientras el artículo 83 de la Ley de Blanqueo excluye a los progenitores e hijos emancipados, un decreto firmado por el presidente los incluye», evidentemente -dice Recalde- también ahí podría haber un conflicto de intereses», y otros como fue «el otorgamiento de rutas aéreas a Avian».

Para Recalde hay un «entrelazamiento entre la función pública y los intereses privados», no obstante el diputado aclaró que «de ninguna manera esto supone grado de culpabilidad por delitos de ninguno de los funcionarios aludidos en la nomina» que dio a conocer.

Así lo expone y explica el documento difundido por los diputados que conforman el bloque del Frente para la Victoria.

Poder Ejecutivo

Presidente de la Nación,Mauricio Macri. Director titular de Socma Americana, vicepresidente de Socma Argentina, presidente de IECSA. El gobierno realizó un acuerdo sobre la deuda del Correo Argentino, propiedad de la familia Macri, que según la fiscal Gabriela Boquín “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional”. El dictamen habla de un perjuicio para el Estado de 70 mil millones de pesos en favor del Grupo Macri. Está imputado.
El Poder Ejecutivo firmó el decreto 1206/16 para flexibilizar el sistema de blanqueo de capitales y permitir el acceso al régimen de “sinceramiento fiscal” a familiares de funcionarios. El propio Macri tiene capitales en paraísos fiscales. Está imputado.

MacAir era una empresa de la familia del presidente Mauricio Macri, que el mandatario incluso condujo en los 90. El 31 de octubre de 2016 se transfirieron las acciones bajo el control formal de SynergyAerospace, accionista de Avianca. A los tres meses obtuvo la concesión de rutas comerciales lowcost, medida luego suspendida. Está imputado.
El gobierno le permitió a Autopistas del Sol, en la que Sideco tiene acciones, aumentar los peajes 100%. Ausol evadió impuestos y fugó divisas, y además en diciembre de 2015 inició una demanda ante el CIADI reclamándole al Estado $6.630 millones.

Jefe de asesores del Presidente, Jose Torello. Compró US$800.000 en contratos de dólar futuro vía la agencia SchweberSecurities SA. Desde su rol como asesor directo del Presidente habría influido en las decisiones que lo beneficiaron personalmente. Está imputado.

Secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Pablo Clusellas. Director de Le Coq Sportif y apoderado de MacAir Jet SA. MacAir era una empresa de la familia del presidente Mauricio Macri, que el mandatario incluso condujo en los 90. El 31 de octubre de 2016 se transfirieron las acciones bajo el control formal de los accionistas de Avianca. Avianca obtuvo la concesión de rutas comerciales lowcost. Está imputado. La Fundación La Alameda descubrió que la dirección legal de Le Coq coincidía con los domicilios de varias empresas de las que Clusellas también era parte. Según Vera, la falta de controles sobre la firma de ropa deportiva se debía al cargo que ocupaba Clusellas como director en el Gobierno de la Ciudad.

Ex director de Logística de la Secretaría General de la Presidencia, Carlos Cobas. Gerente de MacAir Jet SA. Negoció en nombre del gobierno la entrega de hangares de Aeroparque a Avian Líneas Aéreas y FlyBaires, decisión que perjudicó a Aerolíneas Argentinas. Está imputado.

Jefatura de Gabinete
Secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui. CEO de la aerolínea chilena Lan desde 2009. Socio fundador de Pampa Cheese. Desde su rol como vicejefe de Gabinete, ha intervenido en las políticas de Aerolíneas Argentinas, perjudicándola en beneficio de LAN. Tal es así que la extitular de AA, Isela Constantini, pidió que Lopetegui dejara de participar en las reuniones donde se trataban cuestiones relativas a AA. En octubre de 2015 compró y vendió contratos de dólar futuro por 310 mil dólares a través de la firma IntlCibsa SA. Jefatura de Gabinete participa en todas las decisiones del gobierno en materia económica, por lo cual Lopetegui habría intervenido en la fijación del precio a pagar. Está imputado.

Secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana.Dirigió hasta su asunción el Grupo Pegasus, controlante de Farmacity, Freddo y FlyBondy, entre otras firmas. Posee 2,5 millones de dólares en acciones del Grupo Clarín. Socio fundador de Pampa Cheese. Compró 11,5 millones de dólares a futuro antes de la devaluación, cuando era CEO del Grupo Pegasus. Ya en el Gobierno, intervino en la fijación del precio de referencia con el que se iban a cancelar esos contratos. El Gobierno le cedió rutas comerciales a Fly Bondi, cuyo dueño es Richard GuyGluzman, que está contratado por el Ministerio de Medio Ambiente y además fue vicepresidente del Grupo Pegasus, o sea, número dos de Quintana. Las cesiones luego fueron suspendidas.

Subsecretaria de Evaluación de Proyectos con Financiamiento Externo, Natalia Zang. Vicepresidenta de Pegasus, CEO de Jazmín Chebar, CEO de Grupo Monarca y directora de la minera Austral Gold.
La Oficina Anticorrupción la investiga por “sus vínculos comerciales y profesionales”.

Ministerios de Hacienda y Finanzas 

Ministro Nicolás Dujovne. Entre 2001 y 2011 fue economista jefe del Banco Galicia. También fue consultor del Banco Mundial y director de Papel Prensa.
Compró contratos de dólar futuro a través de Industrial Valores SA.

Ex ministro Alfonso Prat-Gay. Ejecutivo de JP Morgan en Nueva York y Londres. Antes de asumir su cargo dirigía la consultora APL, de asesoramiento de empresas.

Secretario de Finanzas, Luis Caputo.Presidente delos fondos de inversión Axis y Axis Dólares. Antes trabajó en JP Morgan entre 1994 y 1997 y luego fue presidente del Deutsche Bank hasta abril de 2008.
Director del Banco Central, DemianReidel. Trabajó en JP Morgan y Goldman Sachs.

Presidente de la Comisión Nacional de Valores, Marcos Ayerra. Director de desarrollo corporativo del grupo Biosidus, antes fue vicepresidente del Departamento de Finanzas Corporativas para América Latina de Chase Securities, un banco de inversión controlado por JP Morgan.

Quienes fueron empleadores de Prat Gay, Caputo, Reidel y Ayerra componen el pool de bancos extranjeros contratados por Macri para la megaemisión de deuda externa por US$15.000 millones destinada a pagarles a los fondos buitre y financiar gastos corrientes. La estrecha relación de Hacienda con esos bancos les hizo ganar millonarias comisiones.

Luis Caputo está denunciado porque como presidente de Axis compró dólares a futuro por 800 millones de pesos, de los cuales el 10% era una adquisición personal. Luego intervino en la determinación del valor del dólar futuro. Está imputado.

El directorio de Axis, que hasta diciembre de 2015 controlaba Caputo, obtuvo la autorización de la Comisión Nacional de Valores para constituir el fondo de inversiones Axis Dólares, destinado a realizar inversiones inmobiliarias con el dinero que blanquee.

Vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores, Patricia Boedo. Abogada del Estudio Bruchou, Fernández Madero y Lombardi.
Desde que asumió Boedo, el estudio al que pertenecía la funcionaria comenzó a ser contratado como asesor legal para la colocación de deuda del Estado nacional y de algunas provincias.

Directora de la CNV, Rocío Balestra. Trabajó 14 años en Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, un estudio que asesora a grandes compañías financieras locales e internacionales. También se desempeñó como abogada internacional del estudio neoyorquino Shearman and Sterling. El estudio Shearman and Sterling fue contratado por el gobierno para negociar con los buitres.

Director del Banco Central, Pablo Curat. Consultor del BID y del Banco Mundial. Está imputado en la causa dólar futuro. Compró US$500.000.

Gerente general del Banco Central, Mario Flores Vidal. Director para Sudamérica en la agencia Thomson Reuters.

Subgerente de operaciones del Banco Central, Agustín Collazo. Director gerente en Morgan Stanley, New York.

Presidente del Banco Nación, Javier González Fraga. Miembro del Directorio de Peugeot Argentina.

Director del Banco Nación, Luis Ribaya. Director del Banco Galicia y presidente del Mercado Abierto Electrónico.

Titular de Nación Servicios, Alejandro Nigro. Comenzó en el Citibank, luego fue gerente general del HSBC y después se dedicó al asesoramiento de banca de inversión.

Director de Nación Servicios, Alejandro Cavallero. CEO de la Guía Local LLC, vicepresidente del Citibank, gerente de canales alternativos del HSBC.

Presidente de Nación Seguros, Juan Horacio Sarquis. Gerente de Banca Minorista del Banco Galicia.

Ministerio de Energía y Minería

Ministro Juan José Aranguren.Ex presidente de Shell Siete de los primeros ocho barcos de gasoil –US$ 150 millones- adjudicados por Cammesa fueron para Shell Western. Está imputado. Los acciones de Royal Dutch Shell por $16 millones que poseía las vendió recién en septiembre de 2016, por recomendación de la OA.

Secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda.Desde 1999 vicepresidente de Ventas de Gas Natural de Pan American Energy (PAE).

Subsecretario de Refinación y Comercialización, Pablo Popik.Gerente de Planeamiento Comercial y Economía de AxionEnergy (2012-2015), antes trabajó en Exxon Mobil.

Secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga.Presidente de SyA Consultoría (1998-2015), donde “asistió técnicamente a empresas eléctricas y organismos regulatorios”. Ex gerente de Edenor.

Presidente de Enargas, David Tezanos González.Presidente de Metrogas y director de Gas de YPF.
Sureda, Popik, Sruoga y Tezanos González están imputados por haber participado en la elaboración del tarifazo que benefició a las empresas para las que trabajaban.

Subsecretario de Energías Renovables, Sebastián Kind.Trabajó en British Petroleum, jefe de Energías Alternativas de PAE y presidente de Aires Renewables SA. Varias empresas que compiten por instalar aerogeneradores manifestaron su inquietud por el presunto conflicto de intereses que se registraría si Kind no se abstiene a la hora de evaluar las ofertas en juego.

Subsecretario de Exploración y Producción, Marcos Pourteau.Director general de Endriven. Antes trabajó en Brass LNG Limited y en la multinacional Total SA, segunda empresa productora de gas en Argentina.
Pourteau no se ha excusado de intervenir en determinaciones relacionadas con el mercado gasífero. Elaboró el informe en el que se basó el tarifazo.

Secretario de Planeamiento Estratégico, Daniel Redondo.Ex Exxon Mobil, CEO de la subsidiaria Esso Standard.

Subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética, Andrea Heins.Socia en Energy Performance SRL, trabajó en Repsol-YPF.

Titular de Enarsa, Hugo Balboa.Director del proyecto de expansión de Axion. Ocupó diversos cargos gerenciales en Shell, Pecom Energía y Sociedad Comercial del Plata.

Las empresas para las que trabajaron Redondo, Heins y Balboa poseen obras públicas en marcha o concesiones del Estado, con lo cual la supervisión y el control público que los funcionarios deben hacer del cumplimiento de los planes de inversión o las auditorías sobre concreción de obras, se superponen con su participación en las mismas firmas.

Presidente del ENRE, Juan Garade.Socio en Management Consultants, director de Planificación, Control y Regulación de Edesur (2001-2012) y gerente de Planificación Económica de Edenor (1992-1998).

Director del ENRE, Ricardo Sericano.Trabajó en cargos gerenciales de Edenor desde 1992 hasta 2010 para luego sumarse a la consultora RHS.
Son los encargados de controlar a las empresas para las cuales trabajaron durante casi 20 años.

Subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Walter Marcolini. Posee acciones en Central Puerto SA.

Ministerio de Transporte

Ministro Guillermo Dietrich. Hijo del dueño de una importante concesionaria de autos. Está imputado por la cesión de rutas comerciales a Fly Bondi y Avianca.

Administrador de Ferrocarriles, Marcelo Orfila. Gerente general de Grupo Monarca (negocios inmobiliarios).Gerente general en Alpargatas y director en Aeropuertos Argentinos 2000.
Está imputado por la firma de seguros con ferrocarriles estatales sin licitación y por $300 millones con la aseguradora AON, cuyo gerente Jorge González Gale es el broker histórico del Grupo Macri y compañero de bridge de Franco Macri.

Vicepresidente de Operadora Ferroviaria, Diego Kyburg. Gerente de operaciones de Biomac, ex Logyt Sudamericana, L’Oreal, Home Depot, Alpargatas y Casa Tía.

Titular de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, Guillermo Fiad. De la Fundación G-25, con pasado en DukeEnergy, Shell, Metrogas y BankBoston.

Asesor del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Lucas Werthein. Director en el Grupo Werthein, director de Experta ART, GNNW y Cachay SA, cofundador y director de Big Deal y Big Box. Es socio del vicepresidente de Fly Bondi en las empresas Big Box y Big Deal,y trabaja en el ente que regula los aeropuertos en los que operará FlyBondi. Está imputado.

UIF

Titular de la UIF, Mariano Federici. Abogado del FMI, vinculado al estudio Marteau. El estudio Marteau, a través de la Fundación Finint, es uno de los principales litigantes contra la propia UIF.

Vicepresidente de la UIF, María Eugenia Talerico. Defensora del banco HSBC ante la UIF. Talerico fue la encargada de defender al Banco HSBC ante la UIF por lavado de dinero. Una vez que asumió, cerró los casos donde se investigaba al HSBC por 1.040 cuentas offshore de argentinos. Gracias a esto, el HSBC pudo ser uno de los encargados de colocar deuda argentina en el mercado.

Fiscal de la UIF, Celeste Plee. Pertenece al estudio Marteau, defensoradel banco Masventas SA. Es la hija del fiscal Raúl Plee. El Banco Masventas SA es la entidad que cuenta con la mayor cantidad de sanciones por parte de la UIF. El estudio Marteau es uno de los principales litigantes contra la propia UIF.

Titular de la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos, Juan Félix Marteau. Fundador del estudio Marteau.
Su estudio ofreció a sus clientes y a funcionarios asesoramiento para adherirse al «Régimen de Sinceramiento Fiscal» para blanquear el dinero no declarado. Está imputado.

Otros Organismos

Subinspector General de Justicia, Osvaldo Norte Sabino. Ex socio del estudio Marval, O’Farrell&Mairal. El estudio participó de las negociaciones de la deuda externa argentina y realiza numerosas presentaciones ante la IGJ.

Presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, Damaso Pardo. Socio del estudio Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen& Martínez de Hoz. El estudio al que pertenece es el que contratan las multinacionales para accionar ante el INPI. Apenas asumió y por simple resolución, Pardo modificó el régimen de patentamiento.

Secretario de Comercio, Miguel Braun. Socio de las Sociedades Anónimas EBA Holding; Finisterra; Marin; Santamera; Santiago de Compostela Promotora de Seguros; Estancias Sara Braun; y Pampa Cheese
Desde el cargo que ostenta puede beneficiar a sus empresas. Pampa Cheese es una empresa láctea que fundó junto a Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.

Responsable de Legales y Relaciones Institucionales de la Secretaría de Comercio de la Nación, José Ignacio García Hamilton. Director de Asuntos Legales del Grupo Carrefour.

Ex administrador del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, Luis María Blaquier. Director del Grupo Clarín. Director de Goldman Sachs, Transportadora Gas del Sur, Arcor y Ledesma.
Está imputado por la compra que el FGS hizo de títulos de Cablevisión y Arcor, dos empresas a las cuales había estado ligado hasta que asumió en el cargo. En el caso de Cablevisión, el fiscal Gabriel De Vedia determinó que Blaquier continúa siendo socio del fondo que controla la empresa.

Ministro de Cultura, Pablo Avelluto. Entre 2005 y noviembre de 2012 fue director editorial de la Región Sur de RandomHouseMondadori Argentina. Abrió la importación de libros. Una de las grandes beneficiadas fue RandomHouse.

Canciller Susana Malcorra. Gerente de IBM y Telecom.

Ministro de Producción Francisco Cabrera. Ex Grupo HSBC. Trabajó en Hewlett-Packard, Máxima AFJP y diario La Nación.

Viceministro de Desarrollo Social, Gabriel Castelli. Director de Loma Negra, HSBC y Farmacity.

Secretario de Empleo, Miguel Angel Punte. Jefe de Recursos Humanos de Techint.

Director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Modernización, Guillermo Baistrocchi. Vicepresidente de Relaciones Institucionales de PAE, también trabajó en AES, Correo Argentino y Socma.

Director del INCAA, Alejandro Cacetta. Gerente de negocios y finanzas de Patagonik Film Group, y antes de Polka. Está siendo “investigado” por la OA.

Director nacional de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, Guillermo Casanova. Director de Asuntos Corporativos y Legales de CocaCola-Femsa.

Subsecretaria de Política y Gestión PyME, Carolina Castro. Accionista de una compañía cerealera y de otra de autopartes.

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