Informe especial: a 10 días del homicidio de Jonathan Herrera

Luego de participar de la audiencia que se registró ayer en fiscalía, en la que se informó a los familiares de Jonathan Herrera cómo ocurrieron los hechos, Conclusión estuvo en la casa del joven baleado dialogando con los padres.

Durante el transcurso de la audiencia imputativa que se realizó ayer,  se presentaron pruebas y se formularon cargos a los cuatros agentes miembros de la Policía de Acción Táctica (PAT). Los funcionarios fueron imputados de «homicidio calificado» por la muerte de Jonathan Herrera, mientras lavaba su auto en la puerta de su casa. El joven había intentado refugiarse de los disparos que provenían de los policías que procuraban darle alcance a un ladrón que había robado una juguetería.

El funcionario interviniente interpretó que con las evidencias aportadas y las pericias ordenadas para el esclarecimiento del hecho, se dio razón suficiente para dictar la prisión preventiva sin plazos. Así lo entendió Adrián Spelta, fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos. La medida se solicita cuando se presume que existen riesgos de escape o posibilidad de entorpecimiento del proceso.

A uno de los policías se le sindicó la autoría material del homicidio pues la pericia balística del proyectil hallado en el cuerpo del joven determinó que se correspondía con su arma reglamentaria. A los 3 suboficiales restantes, se los acusa de tentativa como coautores, ya que dispararon con el mismo fin pero no son responsables del resultado final.

El fiscal Spelta presentó ayer en la audiencia imputativa un cúmulo de evidencias que dan sustentabilidad a la hipótesis del accionar policial desproporcionado, de acuerdo a los elementos obtenidos a 10 días de comenzar la instrucción de la causa por el crimen ocurrido el 4 de enero cuando balearon a Jonathan en la puerta de su domicilio, en Pasaje Villar al 700.

Spelta realizó una cronología del hecho. Mostró fotos, croquis, enumeró testimonios, dio a conocer el contenido de las actas de la Policía Científica y de la seccional 16, recreó lo declarado por testigos clave, también aportó pericias, análisis balístico y una contundente documental que avala lo actuado.

También ratificó que todo comenzó a las 15.13 del 4 de enero, en momentos que cuatro agentes del Comando Radioeléctrico (CRE) intentaban darle captura a un ladrón que poco antes había robado una juguetería de San Martín al 3500. Inicialmente el delincuente recorrió un tramo del escape en una moto que luego descartó. Después continuó a pie por el carril norte de Bv Seguí. Pero en ese momento y casi en paralelo por el carril norte circulaba un micro de la linea 133 de la Semtur, también hacia el este.

«Los agentes del PAT que viajaban en el colectivo observaron lo que sucedía e hicieron detener al colectivo. Ramiro y Alejandro fueron por detrás del micro y Luis y Francisco por delante. Desde esos lugares, y una vez que el Comando ya había reducido con disparos de arma al presunto autor del robo, (los efectivos de la PAT) continúan disparando contra Herrera, ajeno al hecho y en circunstancias que se trataba resguardar de la persecución inicial entre su VW blanco y unos tambores de agua. En ese momento recibe los tres disparos: uno en la arteria hipogástrica que se aloja en la cadera derecha, otro en el pie derecho y uno que le roza el cráneo», ilustró Spelta.

La exposición del fiscal fue bastante ilustrativa, ya que fue acompañada con fotos y un un croquis confeccionado por la policía científica. Del repaso de los mismos se desprende que se observa en el escenario del crimen las huellas de más de 20 balazos, la ubicación de colectivo, la línea de persecución y las perspectivas de tiro, tanto de la  PAT, como del Comando, el lugar donde Jonathan cayó herido de muerte y donde quedó el delincuente.

Los padres del joven asesinado siguieron las instancias de la audiencia y advertidos que la promesa formulada por la fiscalía la semana pasada, de trabajar intensamente en el caso, se había cumplido, las miradas atentas de María y de Marcelo en las evidencias que aportaba el fiscal, como la escucha en forma respetuosa y silenciosa de los testimonios relevados, fueron el prólogo de una historia que se orienta hacia la búsqueda de Justicia.

Para darle fuerza a su posición Adrián Spelta informó a los presentes de los relatos recibidos de parte de algunos testigos: «Cuando llego a Ayacucho hago 4 disparos y cae (el delincuente herido). En ese momento escucho un montón de disparos más. Veo que el muchacho (por Jonathan) se tira detrás de los tachos en el mismo momento que la PAT disparaba. Una vez que nosotros habíamos dejado de tirar se escucharon más disparos», aportó el empleado del Comando.

Las declaraciones de 10 de los compañeros de los imputados de la PAT fueron tomadas como evidencias, en sus testimonios reconocieron dónde estaban ubicados al revisar un video que Spelta les mostró de una cámara de videovigilancia de Ayacucho y Seguí, y de otro domo privado instalado en la estación de servicio.

Para el magistrado Gonzalo López Quintana, que presidió la audiencia, la actuación de la fiscalia fue «notable, con numerosa evidencia, con actas, secuestro de armas, vainas, entrevistas, fotos, filmaciones, croquis demostrativo, análisis balístico. Indicó que a uno de los oficiales le cabría la pena más grave contemplada en el Código Penal (reclusión perpetua), mientras que sus tres compañeros les correspondería entre 8 y 25 años de prisión».

El uniformado Ramiro Rafael R. fue acusado de la autoría material del homicidio, ya que el proyectil extraído de la cadera de Herrera se condice con el arma oficial calibre 9 milímetros desde donde partió la bala homicida. Este tiene una causa penal por amenazas de 2011.

Los agentes de la Policía de Acción Táctica habían egresado del Instituto de Seguridad Pública (Isep) en 2014.

Frente a este cuadro demoledor, el patrocinante legal de los imputados intentó justificar la muerte de Herrera en la precaria instrucción de los uniformados, y que uno de ellos ni siquiera aprobó el examen de tiro. «Son agentes inexpertos, de 20 años, que debieran tener dos años de preparación y el Gobierno los larga a la calle con apenas 6 meses de instrucción», advirtió uno de los defensores.

Con respecto a la prisión preventiva dictada sobre sus defendidos el abogado dijo que «el fiscal debe probar y no presumir que los agentes se fugaran o entorpecerán la investigación». Cabe señalar que los imputados tienen residencia registrada en la ciudad capital de la provincia.

Tampoco fue demasiado contemplativo con las autoridades de la provincia, al afirmar que uno de los récords que puede ostentar Santa Fe es «un record de sacar policías a la calle, es decir, los programas que normalmente son de dos años, fueron llevados a 6 meses, y hay que tener en cuenta que recién salen del secundario».

Los imputados asumieron funciones en diciembre de 2014, no todos aprobaron los cursos de tiro. En cuanto a la responsabilidad de que todo su sucediera en los términos que se conoció, el defensor dijo que «los responsables que estos chicos estén en la calle con uniforme, tratando de ganarse la vida honradamente y dignamente, son sin ninguna duda los funcionarios de la provincia de Santa Fe».

«Me podrán decir que fueron imprudentes, y negligentes y digo que sí, hasta que obraron con impericia, y digo sí, hace 6 meses que salieron», reconoció la defensa.

Lo que resultó sorpresivo fue el contenido del acta de procedimiento que hace el comisario Arévalo, pues en ella consta que fallece una persona «en el enfrentamiento por pasar delante de la línea de fuego», argumentando que resultó funcional a la defensa. El acta lleva el número 10/15, agregado al legajo para el fiscal.

La palabra de la familia

Ayer, un día después de la audiencia en fiscalía, Conclusión concurrió al domicilio del joven asesinado y en la conversación que tuvo con los padres María Elena Herrera y Marcelo Bianchiman, expresaron que buscan «justicia, que cada uno pague por lo que hizo. Nosotros escuchamos ayer los argumentos de la defensa que fueron para demostrar que no son culpables» pero «nosotros queremos la verdad, esa que vivimos todos y que vimos todos».

Y prosiguieron: «Estamos sumidos en el dolor, fueron diez días sin paz, y esto recién comienza» dijeron. «Todo lo que hemos pasado en estos días no se lo deseamos a nadie».

Respecto de los argumentos esgrimidos por la defensa, de que sus representados eran hijos de trabajadores, Marcelo Bianchiman dijo que «nosotros también somos gente de trabajo, y Jonathan -nuestro hijo- era trabajador, quisieron emocionarnos, pero si cualquiera de nuestra familia hubiera hecho lo que ellos hicieron nosotros ya estaríamos presos, porque a nosotros no nos va a defender nadie».

«No queremos venganza, queremos justicia», y agregó «nosotros no mentimos nunca, en las pruebas que presentó el fiscal se ve bien todo, y que bajaron disparando hacia todos lados, eso se pudo ver, hay tiros de la policía en la casa de enfrente y del vecino de calle Ayacucho».

Por último, María Elena reflexionó sobre la irresponsabilidad de mandar a la calle a jóvenes inexpertos expresó que «no somos los culpables de eso, somos las víctimas, el estado tiene que asumir esa decisíón, o ellos le van a dar un padre a mi nieto o me van a devolver mi hijo?».