Cuenta regresiva para el final de una guerra que duró 50 años

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), Rodrigo Londoño Echeverri, alias «Timochenko», firmarán hoy en Cartagena de Indias un acuerdo para terminar 52 años de enfrentamientos que dejaron al menos 220.000 muertos, unos 8 millones de desplazados y 45.000 desaparecidos.

Unas 2.500 personas vestidas de blanco según el protocolo, entre ellas numerosos líderes mundiales y 250 víctimas del conflicto, escucharán los discursos de quienes, enemigos por décadas, lograron lo que parecía imposible: acabar con una violencia fratricida entre guerrillas, paramilitares y agentes del Estado.

Los 29 generales de la Policía Nacional de Colombia, una institución con más de 183.000 miembros, difundieron hoy una carta en la que le dan la «bienvenida a la firma del proceso de paz» entre el gobierno y las FARC. «Nuestro modelo de policía para el pos conflicto parte de la premisa de que la paz debe ir de la mano con la seguridad de los territorios. En concreto, uno de los retos principales es ocupar el espacio que dejen las fuerzas insurgentes, precisamente para que no sean ocupados por otros actores del crimen organizado». Los uniformados confiaron en que «con justicia, verdad y reparación» y con la garantía de «no repetición» de los delitos cometidos por los alzados en armas el camino de la reconciliación en el país sea «menos penoso».

Activo desde 1964, el conflicto con las FARC está prácticamente detenido desde julio de 2015 cuando los rebeldes suspendieron de forma unilateral sus acciones y el gobierno, en respuesta, interrumpió los bombardeos meses después. Con el acuerdo de paz vigente, entrará a regir el alto al fuego bilateral y definitivo en todos sus términos. Entonces, la guerrilla entregará la lista completa de sus miembros (el gobierno estima que son unos 7.000 combatientes, más un número similar de milicianos y colaboradores), que se concentrarán temporalmente en 28 puntos de Colombia para, en un plazo de seis meses, dejar las armas y reincorporarse a la vida civil.

Todo esto se hará bajo verificación de un órgano tripartito compuesto por el gobierno, los rebeldes y observadores desarmados de la ONU. Los fusiles serán fundidos y se levantarán tres monumentos.