Con marchas y piquetes repudian el golpe contra Dilma

Las protestas incluyeron bloqueos y piquetes en las principales ciudades y rutas en 17 estados del país. Los manifestantes consideran que el juicio político a la jefa de Estado por supuestas irregularidades en los balances fiscales del gobierno carece de base jurídica y constituye un intento de golpe de Estado.

El Senado brasileño podría suspender mañana de su cargo por seis meses a la presidenta Dilma Rousseff y dar paso a un gobierno del vicepresidente Michel Temer, quien se ha convertido en opositor y presentará su propio proyecto que ya comenzó a ser resistido por «golpista» con centenares de piquetes de rutas y avenidas en las principales ciudades de Brasil.

Las banderas con la consigna de  «Temer Golpista» fue la preferida por los militantes vinculados a sindicatos de izquierda, a los movimientos sin tierra y sin techo.

En San Pablo, la ciudad más poblada del país, se registraron atascos récord en el tránsito, de 103 kilómetros de lentitud a raíz de los piquetes, realizados con la quema de neumáticos durante dos o tres horas, desde las 7 de la mañana.

El proceso

La presidenta Dilma Rousseff, según las expectativas, recibirá más de las mitad de los votos de los 81 senadores para ser suspendida de la jefatura del Estado, luego de 13 años de gobiernos del Partido de los Trabajadores, iniciados con Luiz Inácio Lula da Silva en 2003.

Será, si es que se dan las previsiones, la caída del proyecto desarrollista con inclusión social que marcó a fuego a un Brasil emergente como séptima economía mundial en el siglo XXI, en medio de una crisis gigantesca de corrupción, de falta de articulación política y de una recesión económica que ha devorado cinco millones de empleos en los últimos doce meses.

La votación del juicio político se dio en medio de sorpresivos movimientos del presidente interino de la Cámara de Diputados, el conservador Waldir Maranhao, quien apoyó un pedido del gobierno y suspendió ayer la sesión del impeachment, pero ante amenazas recibidas por sus colegas opositores retiró el dictamen.

«Para hacer un impeachment hay que tener delito de responsabilidad. Me juzgan por haber realizado en el presupuesto las ‘pedaleadas fiscales’ que usan gobernadores y presidentes desde 1995 para cubrir los programas sociales. Entonces, como no hay delito, es un golpe, golpe frío como dicen en Alemania», resumió la propia Rousseff.

El juicio político fue presentado por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que perdió las elecciones con Aecio Neves como candidato ante Dilma, reelecta por dos puntos de diferencia en octubre de 2014, y abierto por el comandante de la crisis, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) del vicepresidente Temer y de Calheiros.

El gobierno aparecía malherido, peleado con propios y extraños: Rousseff, a partir de su segundo mandato, desde el 1 de enero, aplicó un ajuste fiscal y nombró a Joaquim Levy, hombre del mercado financiero y del banco Bradesco, como ministro de Economía para atraer inversiones ante el fin del modelo de subsidios a la industria que había sido adoptado contra la ola de la crisis mundial.

Cunha, del PMDB, rompió la frágil alianza de su partido con el PT que permitió al binomio Rousseff-Temer victorias en 2010 y 2014, apenas fue electo presidente de la Cámara de Diputados y planteó una agenda conservadora a la cual abrazaron todos los partidos opositores.

Al mismo tiempo, el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) vio en 2015 ir preso al tesorero Joao Vaccari, acusado de cobrar entre 1% y 3% de los sobreprecios de contratos de las empresas de ingeniería con Petrobras para abastecer campañas, un escándalo que impulsó a la clase media opositora a ganar las calles con un discurso contra la corrupción.

Ver también:  Gobierno de Rousseff acudirá a la corte para impedir juicio político

Más tarde, aparecieron todos los partidos acusados de alguna forma de ser abastecidos por un modelo de financiación ilegal de la política producto de sobornos con la obra pública, pero el caso catapultó directamente a la condición de «héroe» (como es llamado en las manifestaciones opositoras) el juez federal Sérgio Moro, a cargo de la Operación Lava Jato.

El gobierno de Rousseff no interfirió en las investigaciones, pese a que controla la Policía Federal, lo cual enfrentó al aparato político del PT y el PMDB con parte del Poder Ejecutivo, al ritmo de mayores denuncias y con los medios alineados al punto de vista de Moro y de la oposición.

Moro fue premiado como hombre del año por las Organizaciones Globo y Editorial Abril, beneficiarios de sus primicias, una de las cuales comenzó a derretir con la fuerza de un volcán a la gestión de Rousseff.

Fue cuando, en medio de una investigación sobre si Lula (2003-2010) tenía vinculaciones con lavado de dinero de las empresas constructoras a cambio de favores, Moro ordenó llevarlo a declarar a la policía federal por la fuerza el 4 de marzo pasado, lo cual levantó a la izquierda para enfrentar una «resistencia» a lo que Lula llama «las elites que no soportan el avance social en el país».

El 16 de marzo el país fue «incendiado» por una decisión por la cual Moro debió pedir perdón a la Suprema Corte y por la que aún puede ser sancionado: divulgó espionaje de una conversación entre Rousseff y Lula en la cual ella habla sobre la asunción del ex presidente como jefe de ministros, lo que la oposición consideró un «salvoconducto» para ganar fueros.

Lula asumió el 17 pero el día 18 una cautelar del juez opositor Gilmar Mendes, del Supremo Tribunal Federal, le impidió hasta la actualidad asumir en el cargo, lo cual limitó el poder de maniobra del líder popular favorito en las encuestas para 2018 frente a la negociación de los votos para evitar el juicio político en la Cámara de Diputados.

En vísperas de una elección clave, el vicepresidente Temer rompió con la mayor parte del PMDB y el Partido Progresista -también investigado en el Petrolao- y juntos dejaron en soledad a Rousseff y sus aliados de izquierda.

La votación en Diputados presidida por Cunha, con 371 votos a favor del impeachment, selló la suerte de Rousseff.

Foto: Rovena Rosa