Piden la destitución de la jueza que investigó el atentado a Cristina: ¿cuáles fueron las irregularidades?
La denuncia, a la que accedió Conclusión, apunta que existen diversos "hechos reprochables" en su actuación que "dan cuenta" de que "omitió obrar con la debida diligencia y responsabilidad que requiere su cargo".
El atentado contra la entonces vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, continúa generando episodios en el ámbito judicial. Un grupo de legisladores de Unión por la Patria elevó una denuncia contra la jueza María Eugenia Capuchetti, encargada de la investigación del caso, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y exigen su remoción. Los diputados aseguran que hubo «diversos hechos reprochables», pero sobre todo se centran en la destrucción del contenido almacenado en el celular Fernando Sabag Montiel, autor material del intento de asesinato.
La presentación dirigida al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, está firmada por los diputados nacionales Carolina Gaillard, Leopoldo Moreau, Paula Penacca, Blanca Osuna, Carolina Yutrovic y Martín Soria, todos integrantes del bloque legislativo de Unión por la Patria.
Los legisladores sostienen en el escrito que la titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal Nº 5, María Eugenia Capuchetti, incurrió en «mal desempeño en el ejercicio de sus funciones en el marco de la investigación que lleva adelante para determinar los autores penalmente responsables del atentado contra la vida de la entonces vicepresidenta y dos veces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022».
La denuncia, a la que accedió Conclusión, apunta que existen diversos «hechos reprochables» en la actuación de Capuchetti, que «dan cuenta» de que «omitió obrar con la debida diligencia y responsabilidad que requiere su cargo», más teniendo en cuenta «la gravedad institucional, política y social» del tema.
En ese marco, los diputados indicaron que pudieron registrar múltiples irregularidades, razón por la que -anticiparon- esta presentación «no será la única», pero en esta oportunidad decidieron centrarse en la que consideran «la más grave» de las faltas, asociada a la destrucción de «la principal evidencia probatoria de la causa».
De esta manera, el grupo de legisladores hizo responsable a Capuchetti de la eliminación total del contenido almacenado en el teléfono celular del autor material del atentado, Fernando Sabag Montiel, pocas horas después del secuestro del aparato.
Esto -aseveraron- se produjo «como resultado de una falta de resguardo y la consecuente violación de la cadena de custodia de ese elemento». Dicho elemento fue secuestrado por el gabinete criminalístico de la Policía Federal Argentina y trasladado al Juzgado Federal Nº 5 a cargo de Capuchetti.
«Allí -recuerdan los denunciantes- la magistrada habría convocado a la sede del Juzgado a personal de la PFA para que realice la pericia de extracción de los datos del teléfono secuestrado. La abundante información pública sobre estas circunstancias da cuenta que esa misma madrugada, integrantes de la Policía Federal Argentina realizaron varios intentos para acceder al celular, pero no habrían logrado superar el patrón de contraseña que tenía Sabag Montiel».
Es decir, lograron extraer datos de una tarjeta de memoria y del chip de la tarjeta SIM, pero no habrían podido acceder al contenido del teléfono, quedando afuera la información que estaría en Whatsapp, Telegram y, eventualmente, cualquier otra almacenada en otra aplicación.
Ante la falta de resultados de la PFA, la jueza decidió remitir el aparato a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que -narran los diputados en su denuncia- «recibieron el teléfono encendido y con un mensaje de error fatal en el sistema operativo», todo «en un sobre abierto, prueba cabal de la vulneración de la cadena de custodia».
«El personal femenino que transportó el material firmó un acta de recepción a pedido del personal de la PSA, que advirtió la irregularidad, y no consta en dicho documento ninguna objeción ni mucho menos alguna alusión a que le haya llamado la atención la forma, modo y condiciones bajo las cuales concretó el traslado», expuso la presentación elevada al Consejo de la Magistratura.
Y añadió: «Cabe agregar, como hecho adicional que también deberá formar parte de la investigación, por cuanto también resulta sumamente irregular, poco profesional y de una enorme imprudencia, que Capuchetti eligió a su custodia personal -una agente de la PFA sin ninguna experiencia en estas cuestiones- para trasladar el aparato desde la sede de su juzgado a la PSA; que además lo hizo de manera solitaria y en el automóvil que utiliza la jueza para desplazarse».
Los diputados advierten que la jueza, al enterarse de estas irregularidades, no labró actuaciones ni ordenó sumarios administrativos para deslindar responsabilidades respecto a cómo pudo aparecer abierto un sobre que se guardó cerrado en la caja de seguridad de su juzgado.
Exigen su remoción
«No hizo nada de eso, en línea con la holgazanería demostrada en la investigación principal, y prefirió sacarse el tema de encima rápidamente. Así, tras corroborar esta escandalosa situación, Capuchetti ordenó extraer testimonios de las actuaciones y las remitió a la Cámara Federal para que se procediera al sorteo del juzgado que debería intervenir en la investigación de toda esta trama oscura. De tal modo, la investigación por el hecho que aquí denunciamos está radicada bajo el número de causa 4322/2022, con la carátula ‘Averiguación de delito’, en el Juzgado Nº 1 a cargo de la Dra. María Servini», detallaron los diputados.
Los legisladores entienden que hay elementos suficientes para que la magistrada sea removida de su cargo, pero para contar con mayores pruebas solicitaron que se cite a prestar declaración testimonial a: Camila Dafne Seren, en su carácter de Oficial Principal de la PFA; Pablo Kaplan, subinspector del Departamento Técnico de Criminalística de la PSA, quien habría recibido el aparato telefónico de manos de la custodia policial del Juzgado Federal Nº 5; y Priscila Santillán, agente de la PFA y custodia oficial de la jueza Capuchetti, quien habría llevado el teléfono.
La denuncia completa: