Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires

Tras la aprobación de la ley de Presupuesto y la de participación Pública Privada en el Congreso de la Nación, dos diputados nacionales por Santa Fe, Alejandro Grandinetti del Frente Renovador y Hugo Marcucci de la Unión Cívica Radical, dialogaron con Conclusión y expusieron sus reservas y expectativas respecto del nuevo régimen de contratación de la obra pública, sus alcances y que puede aportar para el territorio santafesino más allá de las obras de infraestructura que el Presupuesto 2017 ya contempla.

Alejandro Grandinetti, sostuvo respecto de la nueva ley de Participacion Público Privado (PPP), que «la primera objeción estuvo asociada a la prórroga de jurisdicción, respecto de tribunales internacionales, en que casos, cuando y que tipo de calificación se hacia», el «como auditar este tipo de contratos de explotación e inversión, las garantías, ya que en una asociación entre privados y el Estado se debía determinar la responsabilidades».

También advirtió el legislador que «hay que ser prudentes respecto de las expectativas con esta nueva figura, porque hay que tener especial cuidado para la modalidad que nos trae esta ley no intente sustituir la hitórica forma de contrataciòn para la consecución de obras porque será necesario seguir teniendo todas las garantías que requiere el contralor de las inversiones”.

«Estamos hablando de un 7% del PBI, como máximo, otros países como Brasil estipularon un tope de 15%. Es una herramienta de integración pero se debe focalizar la atención en los contralores para evitar que con la aplicación de esta ley se eviten los controles que son propios del Estado en relación a las inversiones que se van a realizar», precisó el diputado Grandinetti.

En relación a las obras presupuestadas para Santa fe, señalo que se «solicitaron obras concretas para la provincia, que se lograron incluir, obras para Reconquista, urbanización para la ciudad universitaria de Rosario, autovías, obras en Rafaela.

Respecto de si la Provincia aceptaría adherir a la ley nacional, Grandinetti, explicó que «para que así sea deberá la administración Lifschitz adherir a la norma votada en en el Congreso, y dependerá de los miembros de la Legislatura de Santa Fe y del ejecutivo santafesinos que ocurra», finalizó.

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Por su lado, el diputado radical Hugo Marcucci, consideró que la ley de Participación Pública Privada «es una herramienta importante que posibilita mejorar la posibilidad de generar inversiones en infraestructura, ya que el Estado nacional no posee todos los fondos para invertir y necesita de esta nueva modalidad».

Respecto de Santa Fe el legislador entiende que adherir a la nueva ley PPP abre «un nuevo capitulo de inversiones a las que ya el presupuesto explicitamente tiene con los recursos nacionales, en las que se incorporó obras sobre la Ruta 33 y 34, inversiones en puertos, puente Santa Fe-Santo Tome, y agregaría otras obras posibles, como ser nuevas rutas troncales, gasoductos y hasta construcción de viviendas, es decir obras de infraestructura», describió Marcucci.

Según el legislador:»Para que la propuesta sea aplicable, se necesita transparencia y que se garantice la libre competencia entre privados, porque si bien este nuevo régimen de contratación tuvo críticas esta vigente en países tan importantes como Chile, Uruguay, Brasil, es decir es una herramienta mundialmente aceptada».