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Denuncian la disolución del dispositivo de atención de salud en cárceles

Dicho dispositivo brindaba atención médica y psicológica en las unidades penitenciarias de la zona sur. Con esta situación doce trabajadores quedan a la deriva en tanto que se precariza el ya de por sí precario sistema de salud para los presos. 

Por Florencia Vizzi

Los trabajadores del Dispositivo de Adscripción para Personas Privadas de la Libertad (DAPPL), denuncian que las autoridades del Ministerio de Salud anunciaron la disolución del dispositivo y el desmantelamiento del programa. El DAPPL depende de la Secretaría de Emergencias y Traslados, y desde hace cuatro años prestan atención médica primaria y atención psiquiátrica y psicológica a personas detenidas en cárceles y unidades penitenciarias. Doce son los trabajadores que integran dicho dispositivo, entre choferes, enfermeros, médicos, psicólogos y psiquiatras, cuyos puestos de trabajo quedan pendiendo de un hilo, dado que, a pesar de que llevan cuatro años trabajando en el Dispositivo los contratos son precarios y aún no se les ha garantizado un nuevo destino.

“Hace cuatro años que trabajamos en estas condiciones, facturando y con contratos”, explicó Pablo Carcovich, psicólogo del DAPPL y delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a Conclusión. “Somos doce personas en la misma situación, tres choferes, dos enfermeros, cinco médicos, psiquiatras y psicólogos”. “Varias veces nos dijeron que nos iban a pasar a cargos interinos, por lo cual presentamos los papeles en dos oportunidades y nosotros, en vías de ver como iba eso y como iba avanzando, nos terminamos enterando de esto”, relató Carcovich.

Según las pocas explicaciones a las que los trabajadores accedieron, desde la Secretaría de Traslados les informaron que “cambiaron las prioridades del Ministerio de Salud y el dispositivo se va a disolver y se utilizarán esos recursos en algún otro lugar”. “Sin embargo, señaló Carcovich, no nos dijeron como ni cuando van a disponer de esos “recursos”. “Nos comunicaron que nos van a ir reubicando, pero no nos dijeron plazos o formas. Y al mismo tiempo nos dijeron que no se pueden crear nuevos cargos por lo cual nuestro futuro es bastante incierto”, explicó el psicólogo.

Carcovich contó que les informaron que los van a ir llamando de a uno, así que “nos quitan toda posibilidad de negociar nuestras condiciones de trabajo” señaló. “Además nuestros contratos vencen en junio, pero si no vamos a estar dentro del nodo de Salud, obviamente esos contratos van a caer”.

Salud precarizada y derechos vulnerados

Desde el año 2014 hasta diciembre de 2017, el dispositivo realizó 17.742 atenciones médicas y lleva aplicadas 6957 vacunas.“Trabajábamos en todas las unidades penitenciarias de la zona sur, en las que se cuentan Piñero, la Unidad 3, la Unidad 5, y las unidades 6 y 16, “detalló Cracovich en relación al trabajo que realizaba el dispositivo. “Íbamos dos veces por semana a cada una de esas unidades a hacer asistencia de toda la población carcelaria. Los médicos atendían a los que tenían patologías crónicas, haciendo el seguimiento y los psiquiatras y psicólogos atendían situaciones de salud mental que eran derivadas por los diferentes actores de la cárcel”.

La modalidad de trabajo se planteaba con la lógica de APS, explicó el delegado de ATE. “Como si fuéramos un centro de salud móvil, que se dirige al lugar y haciendo después los contactos con otros efectores, gestionando los turnos para consultas complementarias, haciendo análisis de todo tipo…o sea, brindando atención primaria de la salud y además servicio de psicolgía y psiquiatría”.

“Toda esta gente, enfatizó Carcovich, ahora deberá se atendida por los pocos médicos del Servicio Penitenciario” Y remarcó que “claramente no están en condiciones de hacerse cargo de esa atención” “El mismo Ministerio de Seguridad, que es el que originalmente hizo el convenio con nosotros, dice que ahora ya no es necesario. Pero vale señalar que ese cuerpo no se ha alterado para nada, no hubo reformas ni incorporación de gente, son los mismos médicos de antes que no trabajan en forma interdisciplinaria. Se trata de un médico que atiende la urgencia que surge en el momento en el penal. Pero lo que no entiende el Ministerio de Seguridad es que nuestra función tenía que ver con pensar la salud de otra manera, de un modo más integral, generando un vínculo con el paciente… tenemos que dejar de ir de repente y tenemos abiertas historias clínicas, procesos de atención iniciados que teníamos que ir cerrando y derivando de a poco a este servicio que no va a poder cumplirlo”. Y agregó: “Lo que entendemos, puertas adentro, es que en realidad no hay un interés de que eso se cubra. Solamente lo que se busca es dejar de hacer traslados al hospital, dejar de hacer ingresar gente a la cárcel, es como que se quiere cerrar la cárcel en ese sentido”.

En relación a que consecuencias conlleva ese cierre, el profesional puntualizó: “Esto significa que las familias van a tener que empezar a gestionar ellos mismos los turnos, con sus defensores para poder conseguir un traslado puntual al hospital ante situaciones de salud que se van complejizando cada vez más. Hay que entender que para que una persona que está detenida logre un turno en un efector. Para que el Servicio Penitenciario tome conciencia de que necesitan atención médica, tienen que llegar a un extremo grave, entonces recién después los llevan al hospital”.

Carcovich enfatizó: “El mismo personal de seguridad es el que tiene a su cargo la atención de salud. Acá hay un punto fundamental y es que hay un desconocimiento de que nuestro proyecto se basaba en políticas sanitarias previas del propio Ministerio, en la que fundamentaban que la persona que brinde atención a los detenidos tiene que pertenecer al área de salud y no a la de seguridad”, cerró el profesional y delegado y remarcó; “Por un lado, estamos los 12 compañeros que quedamos a la deriva, aún más precarizados laboralmente. Por otro, estamos frente a la grave situación de precarizar la atención en salud a una población cuyos derechos ya están altamente vulnerados”.